Durante la sesión de la Diputación Permanente, la legisladora Karina Labastida Sotelo expuso la iniciativa a nombre de su compañero de bancada, que resalta que el citado Tribunal cumplió ya 36 años de existencia y que a partir de 2017 se constituyó con la actual atribución de substanciar y resolver procedimientos por faltas administrativas graves y de aquellas que sean cometidas por particulares dentro del marco de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
El 31 de mayo de 2017 entró en vigor la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para dar sustento a la reforma en el ámbito Federal de combate a la corrupción plasmada en la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015.
“Con la pretensión de armonizar la legislación estatal a aquella reforma constitucional para dar vigencia a la creación y operación de los sistemas estatal y municipal anticorrupción, se consideró a ese Tribunal como uno de sus pilares, en atención a las atribuciones que en esa materia se le otorgaron para combatir la corrupción a través de Salas Especializadas”, refiere la iniciativa.
Sin embargo, solo tuvo una vigencia de poco más de un año, porque el 31 de agosto de 2018 se publicó en la “Gaceta del Gobierno” la actual Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y se dispuso desaparecer tanto al Consejo de la Justicia Administrativa como a la Visitaduría Jurisdiccional para otorgarle, en su mayoría, sus atribuciones a la Junta de Gobierno y Administración.
“Se propone que las actuales magistraturas de supernumerarias se transformen en nuevas salas regionales, así como repensar la funcionalidad de la consultiva que como se ha visto en realidad aporta muy poco a la actividad propia de ese Tribunal, dado que es evidente que las cargas de trabajo de ese órgano constitucional autónomo se han venido incrementando”, señala la propuesta.
También se plantea la necesidad de retomar que algunas de las atribuciones que actualmente tiene asignadas la Junta de Gobierno sean reintegradas al órgano del Tribunal con mayor representatividad, como lo es el Pleno, y eliminar la facultad de la Junta para que emita opiniones técnicas en materia de responsabilidades administrativas respecto de servidores públicos con actividades jurisdiccionales, al considerar que ello altera el procedimiento previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la ley de la materia en el Estado de México que no hace excepción alguna respecto de este tipo de servidores públicos.
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