El viernes 7 de julio a las 15:08 horas, el titular de la FEIDG, Germán Reyes, entregó a la Mesa Directiva del Congreso local, presidida por la perredista Yaneli Hernández Martínez, el oficio FGE/FEIDG/925/2023.
En dicho oficio, se solicitan copias certificadas de las actas de protesta o, en su caso, las constancias documentales que acrediten a los servidores públicos relacionados con las dos carpetas de investigación derivadas de la presunta comisión de delitos graves.
La primera carpeta de investigación abierta en el área de delitos graves es la 12020910300010290423. Por esta carpeta se solicita información relacionada con la toma de protesta de César Ortiz Torres, quien ganó la presidencia municipal de Acapetlahuaya, en la región Norte del estado, impulsado por el Movimiento Ciudadano (MC).
Derivado de la misma carpeta de investigación, se pide información sobre los priistas Mayte Arce Jaimes, alcaldesa de Cutzamala de Pinzón; Bulmaro Torres Berrum, de Arcelia; Cuauhtémoc Mastachi Aguario, de Pungarabato; José Luis Antunes Goicochea, de Tlapehuala, y Víctor Hugo Vega Hernández, de Ajuchitlán del Progreso.
Los alcaldes perredistas relacionados con la misma carpeta son Eusebio Echeverría Tabares, de Coyuca de Catalán, y Freddy Vázquez Palacios, de San Miguel Totolapan.
En la lista presentada al Congreso local se encuentra la alcaldesa morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, hija del exdirigente estatal del PRD, Martín Mora Aguirre, y hermana de la exdiputada Celeste Mora. Por la misma causa, se solicita la documentación relacionada con la diputada perredista Elzy Camacho Peñaloza, hija del finado ex alcalde de Coyuca de Catalán, Elí Camacho Goicochea.
Hay otra carpeta de investigación en manos de la FEIDG, la 12020910200016250623. En esta involucra a la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, y su síndico, Andrei Marmolejo Valle. También se solicitó la copia certificada de los documentos que acrediten el encargo que actualmente ostentan.
En la argumentación de los oficios entregados, la FEIDG explica que los documentos requeridos contienen información necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se indagan dentro de la respectiva carpeta de investigación, "misma que se mantiene bajo reserva en atención a los artículos 15, 105, 106 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales".
Si bien la FGE mantiene bajo reserva la información que relaciona a los alcaldes, la diputada y el síndico, la opinión pública tuvo conocimiento de la participación de las autoridades municipales en el bloqueo de 72 horas que se registró en las carreteras de la Tierra Caliente durante los primeros días de mayo.
Dichos bloqueos derivaron de un decomiso realizado por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 11 autos de lujo, que fueron retirados de Pungarabato con apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.
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