Dijo que no sólo el INE tiene esas características, también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como “la Suprema Corte del derecho, que no de la justicia”.
Enseguida aprovechó el tiempo para presumir que es “el tercer personaje más popular entre las personalidades que transmiten en vivo”.
Este jueves la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió seis solicitudes de medidas cautelares, cuatro por posibles actos anticipados de precampaña y campaña, uso de recursos públicos, violaciones a los principios de equidad en la contienda, una relacionada con Violencia Política contra las Mujeres en Razón Género (VPMRG) y una más por violación a las reglas de difusión de informes de cara al Proceso Electoral Federal 2024.
Una ciudadana (en referencia a Xóchitl Gálvez) “presentó diversas quejas, en contra del Presidente de México; del Coordinador de Comunicación Social; del Director General de Comunicación y Estrategia Digital; del Director del CEPROPIE; así como de la Directora General de Comunicación Social.
Las denuncias también son contra el Jefe de Departamento adscrito a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, y/o quien resulte responsable, “por realizar y reproducir en redes sociales oficiales frases, manifestaciones y pronunciamientos que, presuntamente, hacen referencia de su persona y violan los principios de neutralidad y equidad en la contienda”.
De ahí se desprendió que sobre las conferencias de los días 10, 11, 14 y 17 de julio, el colegiado determinó procedente ordenar el retiro del material, “toda vez que, bajo la apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, de manera abierta el Ejecutivo se refiere al Proceso Electoral Federal hace referencia sobre temas electorales”.
En torno a las conferencias del 3, 4 y 5 de julio de 2023, por las cuales se denunció la existencia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, “se determinó la improcedencia de la cautelar solicitada, porque ya fueron retiradas de los portales oficiales, derivado de la determinación del pasado 13 de julio, mediante el acuerdo ACQyD-INE-131/2023, por lo que se está ante una pretensión que ya ha sido agotada”.
Por mayoría de votos tomaron la misma decisión de improcedencia por las manifestaciones del 10, 11 y 17 de julio durante las mañaneras, “argumentando que los mensajes denunciados formaban parte del debate público y críticas políticas entre actores de dos poderes públicos, por lo que no constituyen, bajo la apariencia del buen derecho, o en forma preliminar violencia política en razón de género”.
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