El pasado 26 de junio, Excélsior publicó una denuncia en el sentido de que un juez, un notario público, un sindicato —usado como grupo invasor y de choque—, y un particular se asociaban para armar procesos “legales” en el Estado de México y apoderarse ilegalmente una propiedad en Cuernavaca.
El objetivo del pretendido despojo era un predio 4 mil 200 metros de alta plusvalía, ubicado en la avenida Palmira —donde el metro cuadrado se cotiza a partir de 7 mil pesos—, cerca del Club de Golf Tabachines.
Este viernes, el Poder Judicial del Estado de México hizo pública la detención del juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, que ya estaba bajo investigación, según una tarjeta informativa publicada el 28 de junio pasado.
A partir de la información proporcionada por una nota periodística publicada en la prensa nacional el 26 de junio del presente, se identificó una probable conducta irregular de un juez y un secretario judicial del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz”, señala el comunicado.
Iniciará un proceso penal y otro administrativo en su contra por su probable responsabilidad en la comisión de delitos cometidos como servidores públicos de la justicia”.
De acuerdo con la investigación hecha por el Poder Judicial del Estado de México “se determinó que (el juez) habían emitido diversas sentencias que no fueron apeladas y por ello son definitivas, en relación con juicios ordinarios civiles de otorgamiento y firma de escritura, en probable contravención a la ley”.
Según la información Juan José Hernández García fue arrestado por efectivos de la policía en las inmediaciones de instalaciones judiciales.
El agente del Ministerio Público —señala el comunicado del Poder Judicial mexiquense—, formulará las imputaciones correspondientes y el juez competente determinará su situación jurídica y probable responsabilidad, en estricto apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos”.
El informe del Poder Judicial del Estado de México hizo saber que la Contraloría del Poder Judicial inició un procedimiento administrativo en contra el juez, debido a las siguientes irregularidades: excederse en los límites de sus facultades, tomar decisiones respecto a asuntos que no eran parte del juicio y abusar de su autoridad. Por ello será provisionalmente suspendido de su cargo.
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