Las y los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia presidida por Gerardo Ulloa Pérez, iniciaron en la Cámara de Diputados local la etapa de estudio de la propuesta bajo la premisa de que los ambientes laborales son un área sensible para la violencia de género y, particularmente, los actos de violencia sexual, tales como el hostigamiento y el acoso sexual.
Por ello, se puntualizó al dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa presentada por Mónica Álvarez, el sector público no se encuentra exento de estos riesgos y por ello el Poder Legislativo tiene el deber de adecuar el marco legal que permita instrumentar y ejecutar las medidas afirmativas necesarias para prevenir, investigar y sancionar las conductas violentas en que pudieran incurrir las personas servidoras públicas, independientemente de las sanciones penales que se impongan por ese tipo de comportamiento.
La propuesta de Mónica Álvarez plantea incorporar la perspectiva de género en el trámite y resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios que se prevén en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y plantea sancionar a aquellos que no colaboren y/o oculten información relacionada con la investigación interna.
También pretende lograr una mayor efectividad en la imposición de sanciones por las faltas administrativas graves de acoso y hostigamiento sexual previstos en dicho ordenamiento.
El deber de las autoridades investigadoras para evitar revictimización de personas afectadas por actos de violencia sexual, así como recabar, de oficio, las pruebas necesarias que permitan el mejor conocimiento de la verdad.
Otro de sus objetivos es hacer más claros los elementos constitutivos de la falta administrativa de hostigamiento sexual; establecer conductas equiparadas al acoso sexual; prever un rango de sanción de inhabilitación específico para las personas servidoras públicas que sean declaradas culpables de las faltas administrativas de hostigamiento y acoso sexual.
Así como fortalecer las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México con el objetivo de que impongan a las instituciones públicas medidas de no repetición tendentes a evitar la continuidad de las violaciones a derechos humanos.
Las y los integrantes de la comisión acordaron que la propuesta seguirá siendo analizada, junto con otra propuesta similar presentada por la bancada del Partido Verde, si la Junta de Coordinación Política, así lo determina.
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