De acuerdo con una ficha informativa de la FGR, en el caso de la sentencia de amparo dictada por el Juez Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, precisamente de donde el principal imputado era, hasta hace poco, la máxima autoridad en esa entidad federativa, en la que se establece dejar sin efectos la orden de aprehensión dictada previamente por un Juez de Control.
En efecto, luego de que la Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra de Francisco Javier “C”, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juez de amparo de referencia emitió sentencia en el juicio de amparo 2477/2022-2, con la que se estima favoreció a dicha persona.
Destaca el documento que “es más que evidente en la sentencia de amparo aludida, que quien la emite, antes que hacer un análisis específico e integral tanto de lo que se planteó al solicitar la orden de aprehensión, como de lo resuelto por el Juez de Control al librar la orden de aprehensión, así como de lo alegado por la parte promovente del amparo, se dedica por entero a tratar de explicar y justificar las operaciones financieras del quejoso, las cuales en todo caso denotan la organización de hecho realizada por el citado y otras personas para la realización de ciertas conductas que llevan a la materialización de uno de los delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.
Agrega que el rol de juzgador se habría transformado en el de un agente de la defensa del imputado.
Además, el juicio de amparo fue tramitado y resuelto sin convocar al agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), que investigó y judicializó el caso, cuando en derecho era obligado haberle dado la oportunidad de intervenir por su calidad de tercero interesado en ese juicio.
Ante esa sentencia, notoriamente alejada del derecho y del más elemental sentido de justicia, se promoverá el medio de impugnación correspondiente, a la vez que, se analizarán las acciones legales que podrían llevarse a cabo en relación a la autoridad que la emitió.
Concluye señalando que el propósito de combatir los delitos cometidos por altos funcionarios bajo esquemas que, además de constituir actos de corrupción, implican la comisión de ilícitos penales, se ve afectado cuando se producen determinaciones judiciales que atentan contra el derecho y contra una recta administración de justicia.
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