La propuesta de decreto está fechada para el 29 de marzo cuando se pretende dar a conocer. Además, precisa que participaron todos los partidos políticos, con excepción de Movimiento Ciudadano, que fue el único que no nombró a una representación para su elaboración.
También detalla que se construyó por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y participaron: Juan Ramiro Robledo Ruiz, de Morena; Jorge Arturo Espadas Galván, del PAN; Marco Antonio Mendoza Bustamante, del PRI; Fausto Gallardo García, del PVEM; Pedro Vázquez González, del PT; y Elizabeth Pérez Valdez del PRD.
En 78 páginas, los partidos de oposición, que han señalado que buscan defender la autonomía y facultades de las autoridades electorales ante la reforma y el llamado Plan B, ahora se suman a Morena para reformar cuatro artículos de la Constitución e imponer nuevos límites en sus decisiones y al momento de aprobar sentencias.
Y por el contrario, dándose más poder para definir sus candidaturas, sin tener que sujetarse a la obligatoriedad de la paridad, que se les ha impuesto a través de sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Los partidos, sin Movimiento Ciudadano, acusan que “la adopción de disposiciones por parte de los órganos electorales que rebasan la esfera de sus competencias y suponen invasión de las competencias propias del Poder Legislativo y supone una alteración del principio de división de poderes, y por lo tanto, del Estado de derechos.
“Asimismo, la adopción de medidas orientadas a garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía, adoptadas en exceso de sus facultades, supone que se ponga en riesgo la protección de derechos humanos, al emitir tales decisiones sin contar con un asidero constitucional adecuado”.
El proyecto critica sentencias recientes de la Sala Superior en las que han ordenado acciones afirmativas con las que se han modificado las integraciones de las bancadas incluyendo diputaciones de grupos minoritarios, como las comunidades indígenas, o en las que se les ha exigido a los partidos políticos garantizar la paridad en sus candidaturas y órganos internos, o incluso, modificado decisiones internas en la Cámara de Diputados.
Por lo que explican, se propone “introducir en el texto constitucional el concepto del límite del tenor literal de la ley y la constitución, como parámetro semántico de distinción entre interpretación y creación judicial de derecho”.
Una propuesta fundamental es quitarle a la Sala Superior la facultad de recibir impugnaciones de diputados en contra de decisiones internas del Congreso de la Unión, para que éstas sean conocidas sólo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el TEPJF se limite “a dirimir controversias de la materia electoral”.
0 comentarios:
Publicar un comentario