A través de un comunicado, la Suprema Corte informó que la suspensión concedida a los quejosos contra los cambios a diversas normas que fueron modificadas con la reforma electoral que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, obedece a que la aprobación de las nuevas normas electorales se dio en periodo de “veda”, es decir, cuando ya habían comenzado los procesos electorales de ambas entidades.
La suspensión se aplica para todas las modificaciones aprobadas por el Poder Legislativo en las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
De acuerdo con la resolución dictada por el ministro Alberto Pérez Dayán, la suspensión concedida contra la entrada en vigor de las normas impugnadas en el Estado de México y Coahuila tiene tres justificaciones:
La primera es que su promulgación el pasado 27 de diciembre del 2022 se dio en el plazo de “veda electoral” previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal.
Dicha norma señala que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y que durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Las otras dos razones es que se trata de modificaciones legales que son fundamentales para los procesos electorales y que no conceder la medida cautelar contra la aplicación de dichas normas “podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático” y a los derechos fundamentales implicados en éste.
Las acciones de inconstitucionalidad que fueron admitidas son las que presentaron por separado los partidos políticos PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como legisladores de oposición en el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
En contraste, fue desechada la impugnación promovida por el partido político local denominado Hagamos, mismo que cuenta con registro en el estado de Jalisco.
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