Ante ello, senadores de oposición plantean la existencia de plazos y tiempos para que en ciertos temas, sobre todo los polémicos, como el llamado plan B electoral o en materia de Fuerzas Armadas y seguridad pública, los ministros resuelvan en términos razonables.
Legisladores de oposición respaldan la iniciativa del senador del PAN, Damián Zepeda, que busca establecer un plazo máximo de 90 días para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
“Lo que está pasando en México es que los temas de mayor importancia a nivel nacional que se votan en el Legislativo terminan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta, o al menos parte de ella le está haciendo el trabajo sucio al Presidente de la República y está dejando los temas de máxima prioridad para el país dormir el sueño de los justos”, subraya Damián Zepeda.
Lamenta que temas relevantes para la ciudadanía y para el país se vean obstaculizados en su resolución en la SCJN porque no hay un plazo legal que obligue a los ministros a su resolución y así, un acto de autoridad, una ley o reforma puede entrar en vigor dañando la esfera jurídica de los ciudadanos sin que exista pronunciamiento o resolución por parte de la Corte.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Macera coincidió con la iniciativa, ya que deben existir plazos razonables en la Corte para resolver las controversias y acciones de inconstitucionalidad.
Pone como ejemplo el plan B en materia electoral del presidente López Obrador, que de entrar en vigor y no ser resuelta de forma expedita por el Máximo Tribunal, pondría en riesgo la certeza en las elecciones de 2024.
El senador por Movimiento Ciudadano (MC), Juan Manuel Zepeda, respalda que se aceleren las resoluciones en materia de inconstitucionalidad sin que ello se interprete como un atentado a la autonomía o independencia del Máximo Tribunal, porque no se le está pidiendo que falle en uno u otro sentido, sino que evite que por “omisión o negligencia” entre en vigor una ley que causaría un daño irreparable a la sociedad.
Germán Martínez Cázares afirma que el Grupo Plural respalda la idea de establecer plazos a la SCJN para que resuelva temas como la militarización o el llamado plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La senadora priista Claudia Anaya Mota opina que al no existir un término para las controversias o acciones de inconstitucionalidad en la SCJN, “entonces para la coyuntura actual la iniciativa resulta interesante”.
Dice que las acciones y controversias constitucionales nacen para arreglar problemas políticos por la vía jurídica. “Para poder solucionar sin que se paralice el Estado, la gobernabilidad”.
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