El litigio se turnará a un tribunal colegiado para que en los próximos días determine si confirma, revoca o modifica la medida.
Esto ocurre luego de que un tribunal federal determinó, el pasado 13 de enero, absolver a Marcial Bonilla Marín y Teresa de León Zamora, así como de Julia Tagüeña Parga, José de Jesús Franco López y Gabriela Dutrénit Bielous, al concluir que las acusaciones del Ministerio Público de la Federación no constituían delitos.
La denuncia presentada ante la FGR acusaba a los académicos de haber entregado 200 millones de recursos públicos entre 2013 y 2018 al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, para realizar funciones que ya estaban a cargo del Conacyt, aunque dicha organización y la entrega de esos recursos públicos estaba contemplada en los lineamientos legales.
La fiscalía ha intentado en dos ocasiones la aprehensión de 31 académicos por dichos delitos y que éstos fueran recluidos en Almoloya de Juárez, Estado de México, un penal de alta seguridad, pero el juez lo negó debido a la falta de argumentos legales para liberar una orden de aprehensión.
La FGR señaló que buscaría por tercera vez obtener las órdenes de aprehensión contra los científicos, para lo cual echaría mano de “todos los recursos procedentes”. La fiscalía buscaba penas de hasta 40 años de cárcel para los investigadores.
Los científicos han señalado que existe una persecución contra “quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país”.
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