Sindicatos y movimientos sociales convocaron a marchas en todo el país en defensa de la democracia. Unas mil 500 personas han sido detenidas y la mayoría de sus campamentos fueron desmantelados.
Con carteles con mensajes en que se leía: estamos con Lula. respeto al voto popular y prisión para los golpistas, miles de personas se reunieron en Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre y Recife, entre otras, en defensa de la democracia y para exigir castigo a los bolsonaristas.
En una inusual declaración conjunta, publicada en la cuenta de Twitter de Lula, los líderes del Senado, Vital do Rego; de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y del Supremo Tribunal Federal, Rosa Maria Pires Weber, rechazaron los actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas.
Convocamos a la sociedad a mantener la serenidad, en defensa de la paz y la democracia, afirmaron los dirigentes que se reunieron en el presidencial Palacio de Planalto, donde Lula reanudó sus actividades pese a que fue uno de los sitios vandalizados, con ventanas rotas y oficinas destrozadas.
Ante los 27 gobernadores del país, Lula afirmó que la turba que asaltó el Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal buscaba perpetrar un golpe de Estado.
No es posible que un movimiento dure tanto si no hay gente que lo financie. Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo financió, sostuvo Lula.
Fue muy difícil para nosotros conquistar la democracia en ese país. Necesitamos aprender a convivir democráticamente en la diversidad, añadió en su cuenta de Twitter.
La Federación Brasileña de Bancos, la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, la principal organización industrial brasileña, y la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo repudiaron la invasión a las sedes de los tres poderes.
Las autoridades comenzaron desde la noche del domingo investigaciones para hallar a los responsables del asalto y a sus eventuales financiadores.
Hasta este lunes fueron detenidas unas mil 500 personas, informó Flavio Dino, ministro de Justicia y Seguridad, quien precisó que la mayoría estaban en un campamento en Brasilia, desde donde salieron buena parte de los atacantes.
Luego de que el ministro del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, ordenó desmantelar los campamentos de los simpatizantes de Bolsonaro de manera inmediata, la policía retiró el último campamento, levantado hace poco más de dos meses a las puertas del cuartel general del ejército en Brasilia, al que exigían una asonada para evitar que Lula asumiera el Ejecutivo.
Cientos de policías y militares fueron desplegados en Brasilia, Río de Janeiro, Sao Paulo y otros puntos del país para desmantelar estructuras similares.
En conferencia de prensa, Lula denunció incompetencia o mala fe de la policía y prometió que algunos serán castigados.
Bolsonaro fue hospitalizado y se encuentra en observación por una molestia en el abdomen, zona en la que fue apuñalado en 2018 durante un mitin, informó su esposa Michelle desde Orlando, Florida.
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