Tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de revocar el falló del tribunal local que había ordenado retirar mensajes en contra de Delfina Gómez Álvarez al considerar que tienen elementos de violencia política de género, los legisladores de la 4T se pronunciaron en contra de dicha decisión.
"La oposición está desesperada, habría que aclarar que la maestra Delfina aún no es la candidata a gobernadora, hay un proceso interno de nuestro partido político, pero es entendible el golpeteo, y en una democracia incluso los tribunales tienen opiniones distintas", afirmó la diputada de Chalco, Anais Burgos.
Detalló que "incluso podría sorprenderse, que en un gobierno priista como el que tenemos en el Estado de México, el tribunal local da la razón a Morena, y en el tribunal federal, no es así. Esto indica que la pluralidad vive dentro de nuestras instituciones".
Sin embargo, "también nos demuestra una vez más la doble moral de esta oposición, por poner un ejemplo: no se ha pronunciado Denisse Dreser en torno a la gobernadora hoy de Chihuahua Maru Campos, panista, la exdiputada y exalcaldesa de Chihuahua que transitó la campaña a la gubernatura del estado vinculada a proceso por el delito de cohecho".
Precisó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua la había acusado de recibir sobornos del exgobernador priista César Duarte por más de 9 millones de pesos cuando ella era vicecoordinadora del PAN en el Congreso Estatal; según la FGE, los pagos tenían la finalidad de asegurar su voto a favor de iniciativas presupuestales del entonces mandatario y de dictámenes de fiscalización de la Cuenta Pública, en el caso conocido como “Nómina Secreta”, que fue judicializado en la causa penal 2821/2020.
Y que ahora está en proceso el fiscal anticorrupción quien fue quien en su momento la investigo, pero de eso no hablan", indicó.
A la vez que, enfatizó que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género) y tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
Por su parte, el legislador de Ecatepec documentó que acorde a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que las autoridades investiguen y juzguen los casos de violencia feminicida con perspectiva de género con la convicción de incidir en la transformación de la realidad de muchas mujeres y niñas en el país.
Refirió que desde el año anterior la SCJN, presentó la actualización de sus protocolos para juzgar con perspectiva de género, que ahora se elaboraron en tres tomos separados por materias del derecho: penal, familiar y laboral.
Dicho ordenamiento implica para los órganos jurisdiccionales dictar resoluciones apegadas a las normas legales, al análisis y valoración de las pruebas, pero también alejarse de los estereotipos de género y la discriminación hacia las mujeres, aseveró.
Y a pesar de los cambios legislativos, la práctica demostró que en los hechos no se han dado los cambios estructurales y fácticos necesarios en lo social, en lo político y en lo económico, porque aunque el derecho quisiera igualar desde la norma, los casos específicos en la realidad reflejaban las desigualdades que no sólo no habían desaparecido, sino que podían exacerbarse al ser planteadas en un juicio, finalizó el diputado de Morena
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