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Después de que la oposición consiguiera frenar la propuesta de cambios constitucionales impulsada por el mandatario —a la que impidió tener mayoría calificada—, el bloque encabezado por Morena presentó su documento alternativo, logró que se le dispensara el trámite de ir a comisiones para dictaminación y aprovechó su mayoría simple para sacarlo adelante en cuestión de solo unas cuantas horas.
El “plan B” se conforma de dos iniciativas. Una plantea cambios a tres leyes y la expedición de una nueva, con lo que busca reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) —institución continuamente criticada por López Obrador—, así como acortar la duración de los procesos electorales. La otra iniciativa cambia otras dos normas para acotar el concepto de “propaganda gubernamental” con el fin de que las expresiones de los funcionarios públicos no sean consideradas así.
No obstante, este paquete tuvo que dejar fuera puntos incluidos en el “plan A” de López Obrador, como modificar el método de selección de consejeros y magistrados o disminuir el número de diputados y senadores, puesto que estos requerían por fuerza reformar la Constitución.
Las leyes que ahora propone modificar el presidente, en su primera iniciativa, son la General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la General de Partidos Políticos y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto que quiere crear una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que reemplace a la actual Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En este tema, la votación en lo general quedó en 267 a favor y 219 en contra, y en lo particular, en 261 a favor y 216 en contra.
Dentro de la segunda iniciativa, el Ejecutivo propone cambiar las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
En este tema, la votación fue de 267 a favor y 221 en contra, en lo general, y de 267 a favor y 215 en contra, en lo particular.
La iniciativa presidencial insiste en sus críticas al INE, al que tacha de no cuidar la democracia y ser costoso para el país.
“La ambición de estos grupos ha costado al país el pago de las personas funcionarias públicas más caras. El derroche del INE ha dejado, además, uno de los procesos electorales más caros del mundo”, señala la iniciativa.
Por ello, plantea reducir la estructura del instituto autónomo. Por ejemplo, busca que sus órganos distritales pasen de 300 a 260, lo mismo que fusionar algunas áreas. La propuesta plantea que se fusionen las direcciones de Organización Electoral y de Capacitación, así como la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral con la Dirección Jurídica.
La iniciativa de López Obrador retoma otro de sus principales objetos de crítica: los sueldos de los consejeros electorales. Al respecto, plantea asentar en la ley secundaria que no puedan ser superiores a los del presidente de la República y que no puedan argumentar la excepción de desempeñar un trabajo técnico especializado.
La propuesta presidencial considera que los procesos electorales actuales son muy largos y que esto se traduce en un mayor gasto público. Argumenta que es necesario modificar esto, de manera que, por ejemplo, el proceso electoral de una elección presidencial no inicie en septiembre del año previo a la votación —como ocurre actualmente—, sino en noviembre.
En la misma línea, plantea acortar el tiempo para elegir y capacitar a las personas que fungen como funcionarias de casilla.
Incluso, la reforma propone que el inicio del cómputo oficial de los votos de una elección inicie el mismo domingo de la jornada de votación a partir de las 18:00 horas, en vez de que arranque hasta el miércoles siguiente como sucede en la actualidad.
El “plan B” impulsado por el presidente también considera que se deben limitar las acciones de las autoridades electorales para evitar que “interpreten” la ley y limiten lo que digan los funcionarios públicos o lo consideren propaganda gubernamental. Para ello, plantea que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las normas que, en su caso, regulen la libertad de expresión”.
En el Senado, al igual que en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para aprobar el “plan B” de López Obrador por sí solos, sin apoyo de la oposición.
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