El proyecto, elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat y avalado por una mayoría de ocho votos, argumenta que las labores del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México en este tipo de labores se está realizando de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Destaca que su participación está sujeta a “una actividad de fiscalización efectiva” por parte de órganos internos de control civiles y del Senado de la República.
La ministra Ríos Farjat negó que el acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en mayo de 2020, sea la base de la llamada “militarización del país”.
Los ministros Luis María Aguilar Morales, Juan Luis González Alcántara Carrancá y, parcialmente, Alberto Pérez Dayán se pronunciaron en contra del proyecto.
Por su parte, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, negó que con esta resolución la Corte autorice la militarización de las tareas de seguridad pública.
En su intervención, la ministra Ríos Farjat rechazó que el acuerdo aprobado sea la base del llamado “militarización”, y se cumple con el objetivo de apoyar en materia de seguridad, mientras se integra la Guardia Nacional.
Y quiero acotar bien esto, porque el acuerdo del uso de Fuerza Armada Permanente no es el centro de toda la política militar, ni es la fuente del llamado militarismo, ni tampoco es elección personal.
El acuerdo, reitero, solamente lleva a cabo lo que ordena la Constitución: que mientras se cuenta con una Guardia Nacional en forma, se pueda disponer de la Fuerza Armada Permanente a fin de colaborar con la seguridad pública de la ciudadanía mexicana”, explicó la ponente.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, rechazó que con esta resolución se esté autorizando la militarización de las tareas de seguridad pública. El hecho de que esta Suprema Corte valide la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, hasta en tanto otras instituciones de carácter civil, como la Guardia Nacional, concluyen su integración y adiestramiento, de ninguna manera significa que este Tribunal esté autorizando la militarización de la Seguridad Pública”, afirmó.
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