“Esta juez se excede en sus facultades porque plantear la contradicción entre una ley de carácter general y la Constitución política en términos del artículo 105 de la Constitución solo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Y esta juez, en un primer momento decretó la suspensión de un decreto mandatado del poder legislativo, pues bien, esta resolución fue impugnada ante un tribunal colegiado y quedó sin efecto la suspensión provisional”, dijo.
Durante la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, el funcionario acusó que la actuación de la jueza Karla María Macías Lovera, del Juzgado Noveno de Distrito de Guanajuato, forman parte de las acciones que generan impunidad en el país.
“Lo queremos hacer del dominio público porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública y además esta jueza se está excediendo en sus facultades, tenemos confianza en que el tribunal colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta jueza, pero sí se considera que son parte de las acciones que generan impunidad en el país”, sostuvo.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “¿Quieren saber cómo estuvo Guanajuato ayer en violencia? A ver, ahí donde votaron para que el Ejército y la Marina y la Guardia no participen en materia de seguridad”.
Luego, el mandatario detalló que en el país se registraron 64 homicidios, 14 de ellos ocurrieron en Guanajuato, la entidad que ayer fue la que tuvo más asesinatos.
“Ni modo que lo dejemos en estado de indefensión, pero no solo no votaron a favor de que participe el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. No, ahora concediendo amparos para que no actúen, además, sin facultades de la juez. ¿Qué pasa, por qué se protege a estos jueces? Porque de tiempo atrás se crearon partidos, grupos al interior del Poder Judicial”, indicó.
La resolución de la titular del Juzgado Noveno de Distrito de Guanajuato ordena no solo evitar el traspaso del cuerpo de seguridad al Ejército, decretado desde el pasado 9 de septiembre, sino que además se deben devolver los recursos transferidos a la Defensa.
De desobedecer la suspensión, la jueza señaló que se pueden imponer multas económicas e incluso pena de tres a nueve años de prisión, “destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado”.
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