Al otorgar la medida cautelar a la organización Uniendo Caminos México, representada por Ángel Castro Gómez, la juzgadora federal explicó que con la suspensión no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, ya que no se obstaculizan las funciones de la GN para llevar a cabo labores de seguridad pública.
La resolución establece que se debe suspender de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales, y en caso de que dichas operaciones ya hayan comenzado se deberán restituir los montos a la SSPC, como lo establece el Presupuesto de Egresos del presente año.
Sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, señaló Macías Lovera, quien consideró que Castro Gómez, representante de la red de organizaciones civiles Uniendo Caminos México, cuenta con un interés legítimo para impugnar el decreto aprobado por los diputados el 3 de septiembre pasado y por los senadores el día 9 del mismo mes, ya que se trata de un defensor de derechos humanos.
Uno de los argumentos de Castro Gómez para solicitar el amparo es que la incorporación de la Guardia a la Sedena puede tener un efecto inhibidor de libertades como las de expresión y de reunión.
Además, planteó que la seguridad pública es una función que debe ser atendida por autoridades civiles, y no militares, como lo establece la Carta Magna en el artículo 21.
La jueza había otorgado la suspensión provisional en contra de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, medida que fue impugnada por la Consejería Jurídica de la Presidencia y la dependencia federal, bajo el argumento de que se frenaba la creación de un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado para el combate a la delincuencia.
La acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, en contra de la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue admitida a trámite por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
En su admisión, el integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indicó que se dio un plazo de 15 días hábiles, que contarán a partir de la notificación, a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que envíen sus respectivos informes y copias certificadas de los antecedentes legislativos de este caso y del Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se publicó el decreto impugnado.
En la Corte, el juicio constitucional quedó registrado con el número 137/2022, en donde se detalla que se impugna, en concreto, el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública”.
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