Es la primera vez que las Fuerzas Armadas responden públicamente a los señalamientos que han surgido tras la filtración masiva de más de cuatro millones de correos a cargo del grupo de hackers Guacamaya, el mayor ataque cibernético de su historia.
Pese a las evidencias y las denuncias que han salido a la luz, el Ejército ha negado el uso de Pegasus, el software de intervención telefónica, durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
“El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están facultados para realizar actividades de inteligencia durante el desarrollo de operaciones en contra de la delincuencia organizada”, ha señalado el cuerpo castrense.
La respuesta se produjo cinco días después de que aparecieran las primeras informaciones periodísticas sobre la filtración. “Esta Secretaría, con estricto apego al Estado de derecho, ratifica que no realiza actividades de inteligencia y mucho menos de espionaje de índole alguna en contra de sectores de la población, como defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas, entre otros”, se agrega.
La Sedena ha justificado que el llamado “monitoreo remoto” es clave para el desempeño de tareas de seguridad nacional y que es una herramienta utilizada por “todas las Fuerzas Armadas del mundo”. “En estas operaciones se prioriza la inteligencia sobre el uso de la fuerza, para garantizar un mayor margen de seguridad en la actuación de las tropas y otras fuerzas de seguridad pública y a la vez, reducir el índice de letalidad, privilegiando en todo momento la seguridad de la población”, sostiene la institución. Esos trabajos de vigilancia, dice el Ejército, han llevado a la captura de “13 operadores relevantes” y “115 generadores de violencia” de diferentes organizaciones delictivas. La cartera a cargo del general Luis Cresencio Sandoval atribuye un tercio de los resultados en materia de seguridad al trabajo táctico de seguimiento a blancos prioritarios.
La polémica se desprende de un oficio secreto que se filtró sobre la adquisición de un software de “monitoreo remoto” a la compañía Comercializadora Antsua, uno de los distribuidores de Pegasus en México, en 2019. El informe que confirmó que la Sedena había cerrado el contrato viene en un correo electrónico enviado por la Sección de Guerra Electrónica, un área de la Dirección General de Transmisiones, con el asunto “oficios mortales”. En el mensaje se adjunta el documento, dirigido al secretario Sandoval, donde se consigna el número de contrato y un pago a la empresa. El correo se reenvió en marzo de 2020 a jefaturas de las Fuerzas Armadas que se dedican a atender cuestiones de ciberseguridad.
En julio del año pasado, Comercializadora Antsua fue calificada por la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como una “empresa fantasma”. El Ejército, sin embargo, siguió intercambiando correspondencia con la compañía durante 2021 y 2022 para la adquisición de distintos bienes, desde chalecos antibalas a millones de cartuchos.
La Sedena ha asegurado que solo usó Pegasus de junio de 2011 a agosto de 2013, “fue empleado única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”. Múltiples investigaciones periodísticas afirman, sin embargo, que el uso contra blancos civiles fue extenso durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
López Obrador había asumido hasta ahora en solitario la respuesta del Gobierno frente a las revelaciones de Guacamaya y ha repetido que no se espió a civiles. Horas después de la publicación del comunicado de la Sedena, el presidente salió este miércoles en defensa del secretario Sandoval. “Es un hombre íntegro, leal y honesto”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria, a propósito de otra polémica, una carta enviada por el general para interceder por el capitán José Martínez Crespo, uno de los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. “Si la influencia fuera decisiva, los militares no estarían en la cárcel”, comento el mandatario.
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