En un comunicado, la presidenta relatora del Grupo de Trabajo, Miriam Estrada-Castillo, señaló que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU, han adoptado conclusiones similares.
“La prisión preventiva oficiosa es contraria las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones” indicó.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU señaló que bajo el artículo 19 de la Constitución el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos, lo que ha llevado a múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Estrada-Castillo dijo que la prisión preventiva oficiosa es, igualmente, contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente las causas de la detención.
Además, agregó, pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pese a que la prisión preventiva oficiosa sea establecida en la ley ello no garantiza que no sea arbitraria.
“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario,” expuso Estrada-Castillo.
En ese sentido, el Grupo de Trabajo reiteró que la prisión preventiva oficiosa pone a México en franca violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
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