La votación quedó en 335 votos a favor —apenas arriba de la mayoría calificada que se requería—, 152 en contra y una abstención. Ahora, la minuta pasará al Senado.
Casi al final de la discusión, se aprobó una reserva del PT para regresar el plazo de despliegue de soldados y marinos hasta 2028, como lo contemplaba la iniciativa original, a pesar de que ayer en comisiones se había establecido hasta 2029.
Los grupos parlamentarios de Morena y del PRI defendieron este miércoles la permanencia del Ejército en las calles.
Los grupos parlamentarios hicieron uno a uno la exposición de argumentos a favor y en contra de extender la permanencia del Ejército, luego de que fueran rechazadas las peticiones de moción suspensiva del PRD, PAN y MC.
La diputada priista Yolanda de la Torre, quien promovió esta reforma, subió al pleno durante el debate en lo general para defender que no se trata de militarizar al país. “Esta iniciativa deja intacto, íntegro, incólume, el artículo 21 constitucional que define en nuestra ley fundamental la seguridad pública, su naturaleza y alcance contundentemente civil”, dijo.
“Todas y todos sabemos que en 2024 la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales no estarán listas para atender la inseguridad que vive México”, añadió.
“No se trata de hacerle el trabajo político a Morena. Esto no es político. Esto es por el bien más preciado que tenemos que garantizar y es la seguridad de las familias mexicanas. De eso estamos hablando, solamente de eso, la seguridad de las familias mexicanas”.
Al posicionamiento de la priista se sumaron las voces de diputados como Hamlet García Almaguer, de Morena, que acusó a los partidos de la oposición, y en especial a las gobernadoras y los gobernadores de estos partidos, de no realizar un esfuerzo presupuestario para atender la seguridad en sus entidades y fortalecer a las policías.
En contraste, Ricardo Villarreal, del PAN, señaló que desde el gobierno federal, desde 2020 y hasta 2022, se han quitado —hasta llegar casi al 100%— los recursos para dichas policías, por lo que calificó de incongruentes a morenistas y priistas.
Además de los partidos de oposición, organizaciones, activistas y académicos, entre otros sectores, se oponen a este cambio porque consideran que profundiza la militarización de la estrategia de seguridad pública y, con ello, el riesgo de violaciones a los derechos humanos.
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