La funcionaria acusó a la ONU de no ser imparcial y de utilizar “mentiras fabricadas” como fuente principal. Asimismo, aseguró que distorsiona las leyes chinas y “denigra” las acciones llevadas a cabo por el gobierno en dicho territorio. Aseguró que se trata de una “farsa” de los países occidentales y señaló al documento de estar “completamente politizado”.
“Con respecto a la situación de los derechos humanos en Xinjiang, nadie tiene mejor opinión que el pueblo chino, incluidas las personas de todos los grupos étnicos en Xinjiang”, aseguró.
Por su parte, el embajador Zhang Jun, representante permanente de China en el Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó que se trata de una “mentira fabricada por motivaciones políticas”.
“Nos oponemos firmemente a tal informe. Todos sabemos muy bien que el llamado problema de Xinjiang es completamente una mentira fabricada por motivaciones políticas. Su propósito es socavar la estabilidad de China y obstruir el desarrollo de China”, declaró.
“El Alto Comisionado para los Derechos Humanos debe permanecer independiente y evitar interferir en los asuntos internos de China, y no debe renunciar a la presión de la política de poder de varios países occidentales”, añadió.
Este miércoles, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó una evaluación sobre la situación de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang en China, en el cual concluyó que se llevaron a cabo crímenes de lesa humanidad.
La investigación comenzó luego de denuncias de violaciones de derechos humanos contra los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas en la zona desde fines de 2017. El reporte se da a conocer a raíz de la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en mayo.
El informe sostiene que “las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluido el tratamiento médico forzado y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género”.
Por lo tanto, concluyó que se han violado la libertad religiosa y los derechos a la privacidad y el movimiento y sostuvo que dichas acciones se basan en discriminación.
De acuerdo con la ACNUDH, las detenciones arbitrarias de los uigures pueden constituir crímenes de lesa humanidad y las políticas chinas han conducido a “restricciones severas e indebidas” de derechos humanos.
Por último, advirtió que las políticas chinas señaladas en el informe siguen vigentes, por lo que instó al gobierno a liberar a las personas encarceladas e informar a las familias de su paradero.
En contraste, China sostiene que se trata de medidas y políticas para contrarrestar los “ataques terroristas” y “extremistas” que, según el gobierno, violentan a la población de la zona.
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