Con 28 votos a favor y 11 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de la iniciativa que el PRI presentó la semana pasada, en la que originalmente planteó que el plazo se extendiera a 2028, pero ayer le añadió otro año.
Además, la comisión aceptó incluir en la reforma la creación de un grupo bicameral que revise los informes de la Guardia Nacional, y que el Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe al inicio de cada periodo de sesiones sobre el avance y capacitación de los cuerpos de seguridad civil.
En el dictamen también se agregó que la participación del Ejército y la Marina deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los de los pueblos y comunidades indígenas. A propuesta del Partido del Trabajo (PT) se añadió a los pueblos afro mexicanos.
Al arranque del debate en la comisión, Cristina Ruiz Sandoval (PRI) argumentó que dar un nuevo plazo a las tareas de militares y marinos en las calles se justifica con hechos de violencia como los ocurridos el lunes en Orizaba.
México enfrenta una grave crisis de seguridad generada por un patrón de violencia sistemática que a diario se vive en el territorio nacional, con ligeras excepciones y frente a ello es momento de tomar decisiones que abonen a la paz, insistió.
En contraparte, Salvador Caro Cabrera (Movimiento Ciudadano) sostuvo que la reforma fue planteada por el PRI a cambio de la impunidad de sus santones.
Óscar Cantón Zetina (Morena) se burló del apellido del orador: “Aquí el diputado barato…” El presidente de la comisión, Juan Ramiro Robledo (Morena), no reaccionó ante ese tono y el emecista reviró, mientras le arrojaba una bolsita a Cantón: Mi apellido es Caro. Entiendo que por su edad no escuche y aquí le dejo unos cotonetes para las orejas.
El panista Humberto Aguilar Coronado cuestionó que no existe un diagnóstico para tomar esa decisión tan delicada. Expresó que el país requiere que se tomen decisiones que deben sujetarse al marco constitucional.
Por su parte, el priista Carlos Iriarte, quien ha referido que la reforma dará sustento jurídico a la decisión de trasladar al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, indicó: Los procesos de consolidación de las instituciones tardan, son complejos, tienen momentos ásperos.
El presidente de la Comisión de Defensa, Ricardo Villarreal (Partido Acción Nacional), subrayó que el Congreso le “dio la rectoría de la seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional y no a las autoridades civiles. Dicen ustedes que la seguridad está bien, pero en este dictamen dice que ‘México enfrenta una grave crisis de seguridad, y que toda la sociedad es víctima’”.
Aprobado el dictamen, la comisión lo turnó a la mesa directiva, que le dio entrada a las 15:30 y cumplió con la declaratoria de publicidad, previa a la votación de este miércoles.
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