Fuentes del Gabinete de Seguridad confirmaron que la notificación al área jurídica de la dependencia es con el objetivo de que proceda a ubicar al personal que ha sido rotado desde septiembre de 2014, cuando ocurrieron los hechos en Iguala, Guerrero, a la fecha, para indicarles del requerimiento.
El pasado jueves, la FGR informó que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, concedió 83 órdenes de aprehensión en contra de autoridades, funcionarios y policías, de los tres órdenes de Gobierno, así como de integrantes de grupos del crimen organizado.
En las ordenes están contemplados 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallón de Infantería con sede en Iguala; cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Las fuentes consultadas explicaron que el personal militar requerido enfrentará el proceso penal en el Fuero Común y no en el Militar, por lo que se espera que, una vez que sea ubicado y requerido por la Sedena sea presentado ante el juez de la causa.
El viernes pasado se cumplimentó la primera de estas órdenes de aprehensión, en la persona de Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, detenido en su casa de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
El ex funcionario fue presentado ante el Juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, con sede en el Reclusorio Norte, quien decretó la prisión preventiva justificada, por lo menos hasta el próximo miércoles 24 de agosto.
Ese día el juez resolverá si vincula a proceso a Murillo Karam por su presunta participación en tortura, desaparición forzosa y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
El jueves pasado, Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en este caso, presentó un informe con las conclusiones, en la que se indicó que la llamada “verdad histórica” fue una acción concertada del Estado Mexicano para la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos.
En el informe se menciona la participación del general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, como integrante de la mesa de funcionarios en la que se fraguó la verdad histórica.
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