La expedición del Decreto y blindaje que se llevó a acabo de ciertas instituciones en virtud de la transferencia facciosa de funciones ajenas a la investigación y consignación de delitos, como son en materia de seguridad, administración y vigilancia a la Fiscalía General del Estado y en contra del Gobernador del Estado, por la promulgación y publicación de un Decreto totalmente inconstitucional.
En pocas palabras el control de un monopolio criminal ejercido desde hace seis años por el grupo panista vulnera al gobernador electo, Américo Villarreal Anaya.
Así lo destacó, la diputada y coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso de Tamaulipas, Úrsula Salazar, al anunciar en compañía de Santiago Nieto Castillo, Coordinador General del proceso de Transición del Gobierno Estatal la impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Buscando revocar una serie de actos inconstitucionales e ilegales, cometidos por los legisladores del PAN, con lo que se vulnera su derecho de efectivo acceso al desempeño del cargo como gobernador.
La Constitución Política del Estado, establece como una de las atribuciones del Ejecutivo estatal, el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación, de los programas y acciones en el ámbito de seguridad pública del Estado
El partido Morena también promovió un Juicio Electoral, por restarle atribuciones al Gobernador electo, y pretender concentrarlas en una Fiscalía, que además de todo, está al servicio de un régimen autoritario y corrupto.
Vamos a seguir defendiendo en los tribunales lo que legalmente ganamos en las urnas y que estos criminales prianistas nos quieren arrebatar.
Tamaulipas nos pertenece a todos, no a unos cuantos, ni una minoría rapaz que solo ven esta tierra, como un botín para enriquecerse ilícitamente.
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