Pese a que en los últimos cinco años, jueces y magistrados habían rechazado una serie de amparos solicitados por diferentes servidores públicos para no transparentar sus declaraciones patrimoniales, el caso de Cabrero rompió la racha.
El argumento que utilizó en esta ocasión fue que dichas declaraciones atentan contra la privacidad de sus datos personales sensibles.
Desde 2019, altos funcionarios del Banco de México (Banxico), servidores públicos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y decenas de académicos del CIDE y otros centros de investigación promovieron al menos 159 juicios de amparo para evitar la publicación de los datos de sus declaraciones patrimoniales, de acuerdo con el informe de actividades 2017-2022 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), publicado en junio pasado.
Cabrero forma parte de ese grupo de académicos del CIDE que han buscado la protección de la justicia federal para ocultar sus bienes.
Los quejosos reclamaban, en su mayoría, las modificaciones aprobadas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que amplió el espectro de servidores públicos obligados a la presentación de la declaración, pues antes de dichos cambios, ellos no reportaban sus bienes y su patrimonio.
Sin embargo, según ese informe de la SESNA, instancia encargada de combatir esos recursos, a ninguno de los servidores públicos inconformes le habían dado la razón en tribunales y tuvieron que transparentar su patrimonio.
Pero en 2022, Cabrero Mendoza modificó su estrategia y esta vez alegó otra cosa: reclamó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no toma las “medidas proporcionales de tratamiento y divulgación de los datos personales” y que, por lo tanto, no garantiza la protección de sus datos sensibles.
Fuentes que conocen el caso, aseguran que es la primera vez que un tribunal otorga la suspensión para evitar la difusión de una declaración patrimonial, que es una obligación de ley, y advirtieron que la decisión de los magistrados abre la puerta a que otros servidores públicos pretendan hacer lo mismo para ocultar sus propiedades.
Cabrero Mendoza dejó su cargo al frente del Conacyt al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora es investigador en el CIDE.
El académico forma parte de los 31 investigadores del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico que fueron acusados y son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, que habrían sido cometidos en el sexenio anterior.
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