El fallo de la Corte Suprema no es, como se dice y está presentando, un fallo automáticamente pro-vida. De hecho, la decisión no convierte en ilegales los abortos en los estados donde estos son legales según la constitución local. Lo que los jueces del Tribunal Supremo han hecho es devolver a las legislaturas de los diferentes estados que forman parte de los Estados Unidos la capacidad de legislar en ese campo.
La sentencia parte el país en dos y deja a los 36 millones de mujeres que viven en 13 Estados republicanos al albur de la interpretación de la ley.
Los Estados gobernados por los republicanos podrán prohibir de inmediato la interrupción del embarazo, e incluso perseguir penalmente a las mujeres, mientras que los territorios demócratas refuerzan su legislación para ofrecerse como refugio a aquellas que no puedan hacerlo en sus lugares de origen. Más de 36 millones de mujeres no podrán abortar legalmente, y ello afectará especialmente a las que pertenecen a minorías raciales, colectivos marginados y clases bajas.
Al anular la decisión de Roe contra Wade, el Supremo permite a los Estados establecer sus propias prohibiciones y restricciones. El fallo no significa prohibir la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país. La decisión recae a partir de ahora en los legisladores estatales y locales, y posiblemente también en los federales.
La píldora abortiva es el método usado en el 54% de los abortos practicados en el país, por encima de la intervención quirúrgica. En 2017, la administración de la píldora se usaba solo en el 37% de las interrupciones.
La responsabilidad penal por la práctica de un aborto dependerá de las políticas de cada Estado. Los líderes de los principales grupos antiabortistas han dicho que las mujeres no deberían ser perseguidas penalmente por abortar, pero leyes aprobadas recientemente, como la de Texas, sí lo prevén.
En septiembre, Texas promulgó una ley que prohíbe el aborto desde el momento en que se detecta latido cardiaco en el feto, alrededor de las seis semanas de gestación, antes incluso de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Por eso se conoce como ley del latido. Idaho fue el siguiente, pero la ley fue bloqueada por el Supremo estatal. Recientemente, Oklahoma adoptó una legislación aún más restrictiva, que amplía la de Texas al prohibir la interrupción desde el momento mismo de la concepción y también invita a la delación de particulares.
La sentencia negativa del Supremo deja en el aire el acceso a la interrupción del embarazo a los 36 millones de mujeres en edad fértil que residen en 13 Estados del país. Esos Estados disponen de leyes desencadenantes (o leyes gatillo, como se las conoce en inglés) que prohíben automáticamente el aborto en el primer y segundo trimestre tras la decisión del Supremo. En otros en siete Estados, la ilegalización puede ser inminente y en 10 más, el acceso a un aborto legal queda en entredicho, según varios grupos de salud sexual y reproductiva. El país quedará partido en dos: los Estados prohibicionistas y otros 20, en los que viven 26 millones de mujeres en edad reproductiva, gobernados por demócratas.
La posibilidad de que los fiscales pidan información a las clínicas para hacer cumplir las nuevas prohibiciones es una gran preocupación para los activistas.
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