De acuerdo con el TEPJF, los 15 gobernadores y la jefa de Gobierno cometieron 98 ilícitos por promocionar la revocación de mandato en periodo prohibido.
Aunado a ello, el Tribunal Electoral aceptó extender los criterios que se han utilizado en casos de violencia política de género para la pérdida del modo honesto de vivir, cuando se cometan actos reiterados de violación a la constitución en materia electoral.
Por lo anterior, el impedimento de ser elegidos para ocupar cargos públicos, además que el proyecto fue aprobado con cuatro votos a favor y tres en contra de los magistrados José Luis Vargas, Mónica Soto e Indalfer Infante, quienes no compartieron la resolución sobre la posible pérdida del “modo honesto de vivir”.
El proyecto votado por los magistrados, y que estuvo a cargo de Felipe de la Mata Pizaña, determinó que las autoridades jurisdiccionales deben analizar el impacto de las conductas reprochadas en el modo honesto de vivir de los gobernadores de la 4T involucrados, requisito que de no cumplirse puede impedir el que se registren en adelante a una candidatura.
Originalmente, el proyecto de De la Mata Pizaña proponía que fuera el Instituto Nacional Electoral (INE) quien emitiera los lineamientos que indicaran la presunción del modo honesto de vivir, pero magistrados como Janine Otálora indicaron que ésto excedería las facultades del órgano electoral.
Otálora señaló también que la regulación electoral carece de mecanismos para sancionar estas conductas, y que toca a los órganos jurisdiccionales en la materia determinar las conductas graves y reiteradas que vulneren la constitución.
El pasado 12 de mayo, la Sala Especializada del TEPJF determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) incurrió en la difusión de propaganda gubernamental durante el periodo prohibido del proceso electoral 2020-2021, a través de sus conferencias de prensa matutinas.
Además, determinó sancionar a Morena y a su dirigente nacional, Mario Delgado, por haber vulnerado las reglas para la difusión y promoción del ejercicio de revocación de mandato.
Finalmente, la Sala del Tribunal desestimó que la organización “Que siga la democracia” y la senadora Lucía Meza hayan incurrido en violaciones de las normas de propaganda del proceso.
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