En sesión pública, los magistrados, sin embargo, exoneraron al Presidente Andrés Manuel López Obrador de responsabilidad en las conductas denunciadas por los partidos y funcionarios- por las que fueron sancionados- por considerar que él no estuvo enterado ni autorizó los mensajes o la información publicada y difundida.
"Es inexistente la presunta infracción del Presidente, pues no se advierte que ni siquiera de manera indiciaria haya participado en el diseño, publicación o difusión de los mensajes sancionados", señala la sentencia.
No obstante, la sala determinó que López Obrador, junto con el vocero presidencial, incumplió con medidas cautelares ordenadas por el INE con relación a unos mensajes, pero también aclaró que el régimen constitucional vigente no permite ningún tipo de sanción del Ejecutivo federal.
La vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine qué sanciones aplicar a los funcionarios sancionados fue aprobada para el caso de las infracciones consideradas acreditadas por parte del vocero de la Presidencia Jesús Ramírez y Pedro Daniel Ramírez, jefe de departamento de la coordinación de comunicación social de esa dependencia, por la difusión de propaganda gubernamental en periodo de veda, en la cual se resaltaron logros del Gobierno.
Al resolver un paquete de nueve quejas por el proceso de revocación, los magistrados también determinaron que ni el secretario de Bienestar Social, ni la asociación civil Que Siga la Democracia, tuvieron responsabilidad en las presuntas violaciones denunciadas por los partidos durante la veda de revocación de mandato.
En el caso del secretario de Bienestar, señalaron, que además de no haberse acreditado alguna participación en mensajes sancionadas, tampoco se pudo comprobar el presunto uso de programas sociales con fines ilegales.
En el caso de nueve diputados de Morena del Congreso de Chihuahua, se determinó dar vista al Órgano Interno de Control de ese órgano legislativo para que determine la sanción por la publicación en el Diario de Juárez, de un documento el 18 de febrero, durante la veda electoral, de apoyo explícito al Presidente de la República y difusión de logros.
"No existen elementos de prueba de que el comunicado se pagó con recursos públicos", señala la resolución.
Por unanimidad los magistrados aprobaron una sanción económica de 300 UMAs, equivalentes a 28 mil 866 pesos, a Mario Delgado, y de 600 UMAs, es decir, 57 mil 732 pesos, al partido Morena, por difusión de propaganda durante el proceso de revocación de mandato en periodo prohibido.
"Las publicaciones generan una vulneración del derecho a elegir (de los ciudadanos) y de las reglas de prohibición a los partidos políticos (a realizar propaganda)", señala la sentencia aprobada.
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