Desde la tribuna para explicar el proyecto de decreto, Daniel Sibaja expuso que se plantea cambiar el nombre por el de Instituto de Estudios Legislativos Ignacio Ramírez, y cuya función será nutrir de conocimientos, diagnósticos e información sobre las que se fundamenten las iniciativas, propuestas, dictámenes e intervenciones parlamentarias.
Aseveró que es una deuda con los ciudadanos, legislar mejor, generar mecanismos institucionales para que el debate público y parlamentario tenga más herramientas, pues es obligación de las y los diputados, transformar la realidad de la gente a través de la ley, y deben contar con amplio dominio de conocimientos e instituciones que los apoyen.
“Como representantes populares tenemos una gran obligación ética y moral, que debe ser estar a la altura de las circunstancias y sobre todo resolver los grandes problemas por los que atraviesa el estado, y dar un debate de categoría”.
La propuesta busca reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y del Reglamento Interno del Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo del Estado de México.
La iniciativa fue sugerida por el Secretariado Técnico para la Reforma Constitucional del Estado de México y que debe ser atendida, para llevar la voz del pueblo al pleno, sobre los principales temas que preocupan a las comunidades.
Sibaja agradeció al presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández el acompañamiento de la iniciativa que busca enriquecer el debate parlamentario, más allá de filias y de fobias, para cambiar la vida de los mexiquenses, y también evitar controversias constitucionales.
Sostuvo que es momento de realizar una reforma profunda del Instituto de Estudios Legislativos que involucre a las y los diputados en la conducción política, y lo transforme de un órgano administrativo a un órgano legislativo que tenga por finalidad ser una instancia especializada en la investigación legislativa, encargado del desarrollo de investigaciones, análisis y estudios sobre los temas de la agenda legislativa estatal.
La reforma establece que el órgano legislativo cuente con un Comité directivo, integrado por una presidencia nombrada por la Junta de Coordinación Política y tres secretarías, encabezadas por diputadas o diputados a propuesta de los coordinadores de cada uno de los tres grupos parlamentarios de mayor número de integrantes, además el órgano deberá enviar informe anual de resultados.
También establece crear el Consejo de Investigación Legislativa que proponga proponer políticas generales de investigación y difusión, de protocolos de investigación científica, políticas para el análisis y elección de bibliografía y materiales especializados para el acervo de la Biblioteca, del Centro de Documentación y de la Librería Especializada.
La conducción ejecutiva del Instituto estará a cargo de un Director General que estará al mando de seis coordinaciones de estudios: económicos y finanzas públicas, técnica legislativa, estudios jurídicos, estudios político sociales, estudios técnicos, editorial y de servicios bibliográficos; y una unidad de servicios Administrativos.
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