Especialistas y ambientalistas criticaron la nueva ley con el argumento de que administrar dicho recurso es una obligación que corresponde al Estado; advirtieron que no se trata de una ley de aguas que garantice el acceso como derecho humano ni su manejo integral, sino económico para beneficiar a la iniciativa privada.
La Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, de 215 artículos, fue avalada con 16 votos: 13 del Partido Acción Nacional (PAN); tres del local Querétaro Independiente (PQI); seis en contra, cinco de Morena y uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como dos abstenciones del tricolor y una ausencia del Verde Ecologista de México.
En el capítulo 2 se estipula que el sector privado o particulares podrán participar en la prestación de los servicios públicos de forma total o parcial a través de una concesión, contrato de obra pública, contrato para la prestación de servicios para proyecto, construcción o rehabilitación del sistema del agua, contrato de asociación público-privada o cualquier otro que se derive de la normativa aplicable.
Serán los municipios o la Comisión Estatal de Aguas los que otorguen las concesiones a través de una licitación pública, invitación o adjudicación directa, y entre los derechos que tendrán los concesionarios está la de realizar el cobro a los usuarios del suministro de los servicios públicos principales y accesorios desde agua potable hasta reutilización del líquido.
También tendrán la facultad de autorizar proyectos hidráulicos, expedir certificados de conexión y otorgar factibilidades y precios por uso de infraestructura a los desarrolladores para el establecimiento de centros de población.
Activistas, ambientalistas y académicos advirtieron que dicha normatividad carecía de una armonización legislativa con pactos internacionales y estándares nacionales, así como de un diagnóstico sustentado en el equilibrio de los acuíferos y la restauración de cuencas hidrológicas.
Los inconformes exigieron a los diputados un parlamento abierto que permitiera la participación ciudadana en esa decisión.
Ante el rechazo a la iniciativa, que incluyó la campaña #Aguasconlaleydeaguas en redes sociales, y diversos pronunciamientos en medios de comunicación, los integrantes de la comisión legislativa de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones realizaron un foro el 13 de mayo.
Decenas de ciudadanos se manifestaron fuera del Congreso, al tiempo que diputados de Morena reprocharon que sus homólogos aprobaran al vapor la creación de la nueva ley. Criticaron que no escucharan las peticiones de especialistas para profundizar en el tema y que pretendan beneficiar al sector empresarial en detrimento de los ciudadanos, pues en la práctica ha quedado demostrado que los servicios del agua no son de calidad.
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