Ambientalistas, activistas, académicos, así como legisladores locales y federales de Morena acusan que la iniciativa pretende privatizar el agua y otorgar concesiones a “los amigos”.
Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, funcionarios estatales y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) aseguran que el agua “ya está privatizada” y que la normativa solo busca reglamentar la prestación del servicio.
El pasado 21 de mayo fue publicada en La Sombra de Arteaga, la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, una normativa que deroga diversas disposiciones establecidas en el Código Urbano del Estado de Querétaro y que entrará en vigor el 1 de julio del 2022.
La semana previa a su publicación, en medio de protestas ciudadanas a las afueras de la sede legislativa, el Congreso de Querétaro aprobó la “Ley de Aguas” con 16 votos a favor (13 del PAN y 3 de Querétaro Independiente), seis en contra (cinco de Morena y uno del PRI), dos abstenciones (de diputados del PRI) y la ausencia del diputado del Partido Verde, Ricardo Astudillo Suárez.
La “Ley de Aguas” comprende 215 artículos y entre sus puntos más controversiales se encuentra del Título Sexto sobre la Participación de los Sectores Social y Privado en la Prestación de los Servicios Públicos, en cuyo Capítulo III sobre la Concesión de los Servicios se encuentra el Artículo 128, en el cual se establece que: “ los municipios o la Comisión (Estatal de Aguas) otorgarán las concesiones , de conformidad con las disposiciones aplicables; correspondiéndole igualmente realizar la supervisión, vigilancia, cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de las facultades que correspondan en términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables”.
En los artículos subsecuentes se definen los procedimientos para otorgar concesiones, la manera en cómo se deben de llevar a cabo las licitaciones, los derechos y obligaciones de los concesionarios, fianzas, prohibiciones, causas de extinción de la concesión, entre otras reglamentaciones. Asimismo, en el Artículo 141 se establece que las concesiones se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y son prorrogables hasta por un plazo igual al que originalmente se otorgó.
Acusan privatización de agua Las iniciativas de ley aquí presentadas parecen más una hoja de ruta para operacionalizar y fortalecer la gestión privada del agua, más que una Ley de Aguas, la cual debe ser transparente e integral.
Actualmente en Querétaro están vigentes 22 concesiones, una de ellas otorgada por el gobierno, durante la administración de Francisco Domínguez; mientras que el resto fueron concedidas por gobiernos municipales. “Dios nos da el agua, pero no la entuba. Y hay que pagar el agua. Me llama mucho la atención de aquellos que se quejan de la Ley del Agua, pues primero que la paguen”, expresó Mauricio Kuri González.
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