En una conferencia de prensa, la organización detalló que la demanda fue admitida el pasado viernes 13 de mayo y se interpuso contra Grupo México, México Proyectos y Desarrollos, ICA Constructora, ICA Constructora de Infraestructura y Acciona Infraestructuras México.
Señaló que en la demanda ante el juez Octavo de Distrito en Materia Civil con sede en la Ciudad de México, Luis Alberto Ibarra Navarrete, se pide reparar el daño medioambiental cometido, por un monto calculado entre 26 y 28 mil millones de dólares. Eso, ya que no cuentan con los permisos de impacto ambiental para las obras.
“Si el juez ve que no tienen permisos, tendría que inmediatamente parar todos los trabajos del Tren Maya que se han hecho porque así se lo demanda la ley”, aseguró el presidente de la ONRE, Jesús Alberto Guerrero Rojas.
Explicó que la demanda contra las constructoras, particularmente por el tramo 5 del Tren Maya, es de carácter reparatorio, por lo que la ley los obligaría a reponer la infraestructura ecológica dañada, así como los árboles tirados y el agua que pudiera haber sido contaminada.
Además, dijo que en caso de que no se pueda reparar el daño causado, se tendrá que buscar otro lugar con las mismas medidas y características, para “restablecer flora y fauna”.
Acusó que en el tramo 5, que va desde Cancún a Tulúm, existe una “devastación total de la selva media y alta subperennifolia, subcaducifolia”, además de la fragmentación de la cuenca hidrológica de la Península de Yucatán y afectaciones a más de 20 jaguares.
“Aquí no tiene que ver el presidente, es una demanda de la organización en contra de cinco personas morales. Es un juicio de reparación del daño, de reposición; la demanda está bien sustentada, nadie va a hacer negocios matando animales, cortando árboles”, apuntó Guerrero.
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