miércoles, 11 de mayo de 2022

Grupos europeos de cables eléctricos enfrentan una demanda colectiva en Reino Unido

Londres, 11 mayo 2022.- Los principales proveedores europeos de cables eléctricos se enfrentan a una demanda colectiva en Londres que reclama cientos de millones de libras en concepto de daños y perjuicios por las acusaciones de que un cártel llevó a inflar las tarifas eléctricas de al menos 30 millones de consumidores en Reino Unido.

La demanda propuesta, hecha pública el miércoles, alega que la italiana Prysmian SpA, la francesa Nexans SA y la danesa NKT A/S, y tres de sus filiales, cobraron en exceso a los operadores de redes por los cables eléctricos y que esos costes se han repercutido en facturas más altas para los consumidores desde 2001.

La demanda está dirigida por Clare Spottiswoode, exdirectora del regulador británico del gas, quien dijo que la demanda reclamaría una compensación aún no especificada para las personas que hayan pagado facturas de electricidad domésticas a partir de abril de 2001.

"Espero que esto envíe una señal de advertencia a cualquier empresa que pueda contemplar un comportamiento anticompetitivo en el futuro y que recupere la compensación adecuada para los consumidores que perdieron dinero como resultado", dijo.

La Comisión Europea allanó el camino para el caso en 2014 cuando multó a 11 empresas de cables eléctricos de alta tensión y submarinos, incluidos los acusados, con casi 302 millones de euros (319 millones de dólares) por operar un cártel entre 1999 y 2009.

Spottiswoode, que está siendo asesorado por el bufete de abogados Scott+Scott, dice que los proveedores de energía británicos compraron cables de alta tensión a un precio artificialmente inflado y alega que esto se trasladó a los consumidores a través del régimen de control de precios regulatorio.

El caso, financiado por Burford Capital, se ha presentado ante el Tribunal de Apelación de la Competencia, un tribunal especializado de Londres que el pasado mes de agosto aprobó una demanda colectiva de consumidores de más de 14,000 millones de libras contra el grupo mundial de pagos Mastercard.

El Tribunal estudiará si se certifica el caso como una acción colectiva de exclusión, que vincula automáticamente a un grupo definido en una demanda a menos que los individuos opten por no hacerlo.

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