La Primera Sala de la SCJN aprobó una jurisprudencia que avala un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), en la que se establece que el secreto bancario no opera tratándose de información requerida por las autoridades hacendarias federales para fines fiscales.
“La facultad de las autoridades hacendarias para obtener información bancaria sin autorización judicial persigue una finalidad legítima y satisface los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”, sostuvo el fallo.
“Se entiende que esta información es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero. Si no existiera esta norma, cualquier persona podría solicitar en un banco, por ejemplo, información sobre los movimientos de las cuentas de una persona”, explica el organismo.
Por cuatro votos a favor contra uno, la Corte determinó la constitucionalidad de la medida en el marco del caso de Moisés Mansur Cisneyros, un empresario acusado por fraude fiscal y lavado de dinero, que presuntamente operó como prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Por ello, la SCJN negó un amparo promovido por Mansur, quien fue acusado por fraude fiscal de 12.4 millones de pesos, además de lavado de dinero, por operar como presunto prestanombres de Duarte en la compra de terrenos por 439 millones de pesos mediante empresas fantasma.
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