Con una disculpa pero sin devolver el documento, implicados en robo del expediente sobre “La Casa Blanca” logran frenar su proceso

CDMX, 30 mayo 2022.- Dos exfuncionarios federales implicados en el robo del expediente de la investigación abierta en el sexenio pasado por el caso conocido como “La Casa Blanca”, entre ellos, uno que funge actualmente como subsecretario de la Contraloría del gobierno del Estado de México, lograron que un juez frenara el proceso penal abierto en su contra y la posibilidad de ir a juicio, sin regresar los documentos y sin que se les aplicarán las penas por el delito que habrían cometido.

Para reparar el daño, en cambio, se comprometieron a hacer trabajo social y a pedir una disculpa prometiendo que algo similar no volverá a ocurrir. Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) se opusieron a que el caso terminara de esta forma, los imputados lograron de esta forma, con apelaciones y amparos, la suspensión de su proceso.

Se trata de José Gabriel Carreño Camacho, quien se desempeñaba como subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP en el sexenio pasado (y actualmente trabaja como subsecretario de la Contraloría en el gobierno de Alfredo del Mazo), y de Jesús Antonio Suárez Hernández, también exfuncionario de la dependencia federal.

En una audiencia realizada el pasado jueves ante el juez de control del Reclusorio Norte, dichos servidores públicos consiguieron que el juzgador les concediera como salida alterna la suspensión condicional de su proceso, a cambio de cumplir con una serie de condiciones durante un periodo de seis meses.

El caso, asentado en la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000023/2019, inició tras la denuncia que interpusiera la actual administración de la SFP en junio de 2019, luego de que detectó que en la bóveda donde deberían estar resguardados los expedientes de investigación faltaba el relacionado al procedimiento administrativo número 97/2014.

Dicho expediente corresponde al que la SFP inició en el sexenio pasado, bajo la dirección del entonces secretario Virgilio Andrade, por el posible conflicto de interés en que podía haber incurrido el presidente Enrique Peña Nieto al haber recibido una lujosa residencia en las Lomas de Chapultepec de parte de Grupo Higa, contratista del propio gobierno. El caso fue revelado en la investigación periodística conocida como “La Casa Blanca”, publicada en noviembre de 2014 Carmen Aristegui.

Tras solo seis meses de investigación, Andrade anunció que su entonces jefe, el presidente Peña, no había incurrido en ningún conflicto de interés ya que la casa fue comprada por su entonces esposa, Angélica Rivera, con sus ahorros. Y la indagatoria con todas las evidencias, quedó archivada.

Al realizar la investigación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR concluyó que, en efecto, el expediente original de la indagatoria había desaparecido un mes antes de que concluyera el sexenio y que, en su lugar, solo se había dejado una copia del mismo.

Los fiscales concluyeron que el principal implicado era justamente Carreño Camacho, quien dirigía el área responsable de preservar todos los expedientes de los procesos de investigación y auditoría realizados por la Función Pública. Y como corresponsables, dos funcionarios más: el ya referido Jesús Antonio Suárez Hernández y Daniel Pérez Rueda, este último director adjunto de investigaciones, y quien a través de un amparo ha logrado frenar la resolución de su proceso.