La medida, que entrará en vigor la próxima semana, supondrá el alquiler de una superficie de 145,000 acres (unas 58.700 hectáreas) de terrenos federales públicos repartidos en nueve de los 50 Estados del país. Las empresas concesionarias deberán pagar al Gobierno federal un impuesto equivalente al 18.75% de las ganancias que extraigan de la explotación, seis puntos más que hasta ahora.
Los nuevos arrendamientos, los primeros de la Administración de Biden, ponen fin a la moratoria establecida en enero de 2021 -cuando el demócrata llegó a la Casa Blanca-, que suspendía los permisos de explotación de gas y petróleo en terrenos federales para combatir la crisis climática. Biden recurrió a una batería de órdenes ejecutivas, o decretos presidenciales, para burlar la oposición republicana y de conspicuos representantes de su propio partido, como el senador Joe Manchin, muy vinculado a la industria de la energía y confeso detractor de las iniciativas verdes de Biden.
El precio de la energía, cuya tasa interanual se incrementó un 32% en marzo, es el principal responsable de la inflación, que alcanzó el 8.5% ese mes, también en tasa anualizada, y un desafío acuciante para Biden una vez que la pandemia de coronavirus ha entrado en una fase de control o nueva normalidad, pese al impacto de la nueva variante BA.2. El mandatario se encuentra entre la espada y la pared: entre sus promesas de combatir el cambio climático y su brindis a la clase media, en torno a la que articuló el contenido de su campaña. Apremiado por las circunstancias, ha optado por aparcar una de sus promesas de 2020, si bien las nuevas concesiones deberán tener en cuenta la evaluación de impacto ambiental en la superficie.
La medida fue anunciada este Viernes Santo por el Departamento del Interior, del que dependen las tierras públicas federales, y cosechó críticas de inmediato a uno y otro lado: por parte de los grupos ecologistas y por la industria, que lamenta que Biden no haya ido más lejos aunque lo considere un paso en la buena dirección, y que además entretiene con el demócrata una relación llena de suspicacias sobre todo en lo relativo al fracking, o técnica de fractura hidráulica, que el mandatario quiso regular. En el punto de mira de los ecologistas, el fracking es objeto de críticas por su acusado impacto ambiental debido a la contaminación de terrenos y acuíferos por el empleo de químicos.
Fuentes ambientalistas han calificado la concesión de nuevas licencias de “fracaso imprudente del liderazgo climático”. El presidente demócrata devolvió a EU al Acuerdo global del clima de París, del que su antecesor, el republicano Donald Trump, se había retirado. Biden prometió reiteradamente en campaña que detendría las subastas federales de perforación, pero su intento ha sido bloqueado por el desafío judicial de los Estados liderados por republicanos, parte muy dependientes de la industria energética.
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