En conferencia de prensa, explicó que, al momento, el INE ha recibido 172 quejas por violaciones a las restricciones estipuladas para la consulta.
“Durante este proceso, el INE ha recibido 172 quejas por presuntas violaciones a presuntas disposiciones legales cometidas principalmente por funcionarios públicos, tanto del nivel federal como estatal, y ha otorgado 25 medidas cautelares ordenando el retiro de publicidad y mensajes tanto en espacios físicos como en medios digitales”, señaló.
Del total de quejas, explicó el consejero Ciro Murayama, cinco han ido al Presidente de la República; cuatro, a la Consejería Jurídica y al vocero de la Presidencia; tres, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además de que han recibido medidas cautelares 29 gobernadores, así como 61 legisladores.
“Es decir, hemos vivido un proceso de revocación donde las reglas constitucionales de no intervención se han violado de manera sistemática y contumaz. Se trata de un proceso político intervenido por el gobierno con esta alteración de las reglas, con esta intervención indebida”.
Señalaron que dichas denuncias serán analizadas por el TEPJF, cuyos magistrados están facultados para sancionar con la cancelación del ejercicio.
“Ojalá [que] la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y descaradamente están violando la ley no traiga como consecuencia, eventualmente, que se decida anular este proceso por parte de la Sala Superior”, agregó Córdova Vianello.
Denunció que una de las características de este proceso ha sido la violación permanente de las normas que regulan la difusión de la propaganda gubernamental, y el principio de imparcialidad al que están obligadas las personas funcionarias públicas.
Detalló que la reforma constitucional de 2019 otorgó al Instituto Nacional Electoral la facultad exclusiva de promover la revocación de mandato, y prohibió la difusión de propaganda gubernamental a partir de la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación.
“Lamentablemente, quienes se presentan como los principales impulsores de la revocación de mandato fueron los primeros en violar estas restricciones constitucionales y legales.
“Las restricciones a la propaganda gubernamental y las limitaciones a las expresiones de servidores públicos no las decidió el INE, sino el Poder Legis- lativo, que las puso en la Constitución y la ley. Esta autoridad electoral no censura a nadie, simple y sencillamente se apega a su obligación de hacer valer las leyes vigentes”, indicó.
Córdova Vianello reiteró su llamado a que todas y todos los actores políticos, “sin excepción, se conduzcan con un espíritu democrático y observen las disposiciones legales a que están obligados en este proceso”.
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