En la demanda presentada en la Corte de Massachusetts, el gobierno mexicano sostuvo que al menos ocho firmas han facilitado que la delincuencia organizada use prestanombres, empresas fantasma y triangulaciones para simular compras legales de armas que llegan a México.
Por ello, señaló que estas empresas saben que sus armas se venden en el marco de la legalidad estadounidense para ser traficadas ilícitamente a México y no hacen nada para prevenirlo.
“Al diseñar, distribuir, vender y comercializar productos altamente peligrosos, los acusados asumieron el deber de garantizar que sus armas se vendan de manera legal y cuidadosa, en su totalidad, en cumplimiento de las leyes aplicables y no eludir esas leyes a través de sus prácticas comerciales”, señala la demanda.
“Parte del deber que asumieron los demandados fue vender y distribuir cuidadosamente sus armas. Este deber se viola cuando venden armas sin estándares, condiciones o monitoreo, a través de comerciantes y distribuidores intermedios, algunos de los cuales, los demandados saben que venden armas de manera imprudente o ilegal”.
En el documento se añadió que las armerías están obligadas a garantizar que sus distribuidores y comerciantes no abastecerán imprudente o ilícitamente el mercado delictivo mexicano.
Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que desde que Estados Unidos eliminó la prohibición de venta de armas de asalto en su territorio en 2004, las armerías incrementaron su producción, distribución y comercialización, mientras en los cuatro años siguientes, la posesión ilegal de armas en México se multiplicó y la tasa de homicidios aumentó 45%, al pasar de 9 mil 324 a 13 mil 627 en 2008.
Desde entonces, las cifras no han disminuido. Por el contrario, un estudio del Centro Nacional de Información (CNI), que México presentará como prueba en el juicio, señala que desde 2015 los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego pasaron de 9 mil 571 a 23 mil 121 en 2021, manteniendo una tendencia anual que no disminuye de los 13 mil: “Es la primera vez que un gobierno extranjero demanda a estas empresas. Es la primera vez que en récord judicial se habla de la responsabilidad de las empresas en el tráfico ilícito de armas y, como es la dinámica en las cortes, lo que dicen las partes se toma como verdadero y lo que nosotros señalamos se debe tomar como verdadero”, detalló Celorio.
“Se estima que el daño sufrido por la negligencia de las empresas asciende a 5% o 6% del PIB. Hacemos el señalamiento de esto porque como parte de la estrategia, la cuantificación de daños la haremos ya en el litigio. Tenemos relación con todas las dependencias gubernamentales en México para saber cuántos helicópteros se han caído, cuánto se ha gastado en medicamentos para atender lesiones, gastos funerarios, en daños directos [e] indirectos. Podríamos incluso cuantificar las pérdidas en recaudación de impuestos por el turismo”.
El litigio tiene autorizado un presupuesto de un millón de dólares al año, de los cuales hasta ahora se han gastado 100 mil.
“Demandamos a las empresas que representan alrededor de 62% de las armas que se han encontrado en México de procedencia ilícita, entre 70% y 90% de las armas en México proceden de Estados Unidos y de ese número, 62% corresponde a estas armerías”, apuntó.
Para defenderse, las armerías solicitan al juez desestimar el caso, pues creen que México no tiene derecho a demandarlas.
El 12 de abril se realizó una audiencia en la que el juez cuestionó a México sobre los alcances de su demanda, pues advirtió que puede establecer un precedente para que otros países demanden a las armerías estadounidenses por los daños que ocasionan sus productos en el extranjero.
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