Pese a la determinación de no sancionarla, el máximo órgano jurisdiccional ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) determinar el costo de esas operaciones y cuantificar el gasto para efecto de tope de precampaña, “en consecuencia, se sugiere que la autoridad, a la brevedad, determine el costo al que ascienden las operaciones referidas, se pronuncie respecto de la omisión en el reporte de los ingresos y gastos involucrados en los actos que generaron un beneficio a la citada precandidatura y determine la sanción que corresponda a cada partido político. Finalmente, consolide las cifras de los gastos y determine si existió vulneración a la normatividad en materia de rebase de topes y, en su caso, individualice la sanción”, (sic).
La magistrada Janine Otálora Malassis consideró que todos los actos que llevó a cabo la precandidata del PAN con el carácter de secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI son actos que promocionan su imagen, además de que se desarrollan todos en periodo de precampaña, y son actos sólo en Hidalgo, en los cuales también la secretaria general del tricolor es precandidata a la gubernatura.
“Por ende, en efecto, estamos aquí ante actos de promoción de la precandidata simulando actuaciones por otros cargos pero que corresponden finalmente a una promoción de su precandidatura”.
El INE omitió pronunciarse respecto el incumplimiento de la obligación de reportar los gastos relativos a la adquisición de los anuncios espectaculares y los eventos que beneficiaron a Carolina Viggiano por parte del PRD y del PRI; pero dejó intocada la determinación de las multas ya emitidas a ambas fuerzas políticas, se destacó.
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