Tras concluir su misión de observación en México por la jornada del domingo, el organismo señaló en su informe que la legislación vigente sobre la revocación es vaga y no regula cuánto pueden invertir en propaganda instancias como asociaciones civiles, empresas y ciudadanos, lo que puede fomentar la opacidad y el desequilibrio.
“La Misión advierte por otra parte que, si bien en algunos aspectos el modelo vigente resulta restrictivo, en otros se encuentra evidentemente poco regulado. Por ejemplo, actualmente no existe ningún tipo de límite a lo que ciudadanos particulares, organizaciones de la sociedad civil o empresas pueden gastar en propaganda en la vía pública o en redes sociales. Tampoco existen mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía conocer quiénes están promoviendo cada una de las opciones en consulta”, señala el documento.
La OEA afirmó que se debe regular la compra de propaganda, especialmente de parte de empresas, a fin de evitar posibles inequidades entre las campañas a favor y en contra de la revocación de un funcionario público. También sugirió mecanismos para garantizar que la ciudadanía acceda a la información de quién o quiénes están financiando propaganda favorable a cada posición.
Dilucidar quién estuvo detrás de la publicidad a favor de la consulta revocatoria y de una de las opciones en la boleta (la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador), y cuál fue el verdadero rol de la organización Que Siga la Democracia, fue un reto para el Instituto Nacional Electoral (INE).
En su informe, la OEA criticó que la Ley de Revocación no permita a la autoridad a ser revocada argumentar y posicionarse a favor de su continuidad, por lo que también recomendó modificaciones legales para volverla menos restrictiva.
La misión de observación de la OEA expresó su preocupación por el recorte al financiamiento requerido por el INE para organizar correctamente la consulta de revocación de mandato.
En su informe, señaló que la disminución presupuestal impactó directamente en la cantidad de casillas que se instalarían en el ejercicio, pero también redundó en que se contratara a menos Capacitadores y Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores Electorales (SE), se redujera el apoyo financiero a los consejos distritales y locales, se utilizara papel convencional para la impresión de boletas y se dispusieran menos insumos sanitarios en las casillas.
La OEA señaló que no es la primera vez que se le niegan al INE los fondos necesarios para organizar un ejercicio de participación directa, pues lo mismo sucedió el año pasado en lo relativo a la consulta popular.
0 comentarios:
Publicar un comentario