Organizaciones civiles informaron este martes que ya comenzaron los trabajos en una zona del nuevo trazo, lo cual es atestiguado “con gran tristeza y rabia”, pues se estima que serán devastados 8 millones 736 mil árboles, palmas y arbustos a lo largo de 120 kilómetros de selva virgen entre Cancún y Tulum.
En entrevista, Guadalupe de la Rosa, representante de Moce Yax Cuxtal, explicó que el cálculo se realizó con base en un estudio hecho para otros fines por el Jardín Botánico Alfredo Barrera Marín que contabilizó que por cada 500 metros cuadrados de selva existen 400 ejemplares arbóreos, palmas y arbustos.
“No se conformaron con los árboles que retiraron sobre el camellón central de la carretera federal. Ya comenzaron con maquinaria a derribar la selva y los árboles. Nosotros estuvimos en dos puntos y pudimos constatarlo. Pudimos escuchar cómo crujían, percibir el olor de la selva, nos preguntábamos cuántos animalitos afectados, porque van rapidísimo”, aseguró.
Además de los árboles, habrá pérdida de servicios ambientales, fragmentación de ecosistemas, defaunación, aislamiento reproductivo e impactos al acuífero subterráneo, ya que por debajo de la región de Tulum corre la red de ríos subterráneos más grande del mundo y cavernas que alojan tesoros arqueológicos y paleontológicos únicos.
Organizaciones con trabajo en pro de la conservación y la educación ambiental en la Riviera Maya denunciaron que ya entraron máquinas a destruir la selva “sin permisos ni programas de reubicación de árboles y fauna silvestre. Sin reconocimiento de árboles en peligro de extinción de la NOM 059 ni estudios geofísicos e hidrológicos; sin consulta pública ni estudios socioeconómicos.
“Una selva en excelente estado de conservación, frágil, compleja, con todos sus elementos vivos y completos”, aseveraron.
El inicio de trabajos constituye, afirmaron, “toda una violación a la legislación ambiental y al derecho al medio ambiente sano”.
Ocurre que, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), este tipo de obras deben ser evaluadas por la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA), adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Como promoventes de las obras, el Fonatur, la empresa ganadora de la licitación o la Secretaría de la Defensa Nacional deben obtener la autorización en materia de impacto ambiental y la autorización de cambio de suelo sobre terrenos forestales.
El Fonatur se ampara en el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de noviembre, que declara los proyectos federales como “de interés público y seguridad nacional”.
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