A petición del Partido Acción Nacional (PAN), los consejeros Adriana Favela, Ciro Murayama y Claudia Zavala, aprobaron eliminar publicaciones del gobierno federal en Facebook e instaron al Ejecutivo a evitar hacer menciones de sus obras, luego de analizar las menciones que se hicieron respecto a seguridad pública, obra pública, inversiones y estímulos fiscales, en el periodo prohibido por la próxima consulta ciudadana de revocación de mandato.
En sesión extraordinaria urgente, el consejero Murayama afirmó que “una vez más, de forma lamentable” se tiene la evidencia de que las reglas para la revocación están siendo afectadas desde el Ejecutivo federal. “Estamos viendo este despliegue de propaganda gubernamental a través de conferencias mañaneras que había sido objeto de medidas cautelares, estamos ante la conducta reiterada de desatender obligaciones y restricciones constitucionales que para los servidores públicos impone la Constitución”, dijo.
La Comisión determinó que mediante publicaciones realizadas los días 7, 14, 15 y 17 marzo de 2022 en el perfil de Facebook del Gobierno de México, se difunden síntesis de las conferencias matutinas en las que se advierten logros y/o acciones de gobierno relacionadas con el sistema de seguridad, de obra pública, estímulos fiscales e inversiones públicas, por lo que se considera que encuadran dentro de la categoría de propaganda gubernamental.
El dictado de medidas cautelares se da justo en el marco de la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como los gobernadores y funcionarios públicos dieron a conocer las bondades de esas obras impulsadas por López Obrador.
Asimismo, la Comisión dictó la procedencia de la tutela preventiva, para el efecto de ordenar al 'presidente de la República que se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial de realizar o emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos relacionados a logros y actividades de gobierno, que puedan considerarse propaganda gubernamental'.
Si bien, señalaron que la queja se presentó antes del decreto aprobado por el Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 17 de marzo, no aplica para los procesos en desarrollo, pues la legislación plantea que los cambios deben hacerse con 90 días de anticipación.
“No desconocemos lo aprobado por el Congreso, publicado el 17 de marzo, en el que hay una interpretación a lo que se debe entender como propaganda y la obligación de los servidores públicos”, explicó la consejera Adriana Favela al señalar que conforme a lo que señaló la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las reglas aplican también a la revocación de mandato porque se rige del mismo marco que los procesos electorales.
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