Preocupado por el retraso de la obra, el mandatario nombró en enero pasado a Javier May, uno de sus hombres de confianza, como titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo público encargado del tren, que debe estar listo en diciembre de 2023.
Esto después de que el antiguo titular, Rogelio Jiménez Pons, admitió en una entrevista con EFE en noviembre pasado que la obra afrontaba “cinco meses de retraso” por recursos legales de pueblos originarios, burocracia e inestabilidad en el terreno.
Además, en octubre pasado Jiménez Pons reconoció ante el Senado que el costo de la obra había crecido en 60 mil millones de pesos (más de dos mil 900 millones de dólares) hasta los 200 mil millones de pesos (unos nueve mil 730 millones de dólares).
“En diciembre del ’23 vamos a estar inaugurando todo el Tren Maya, los mil 500 kilómetros”, aseveró, no obstante, López Obrador el pasado fin de semana de gira en Cancún.
El Presidente reiteró el pasado lunes que el tren “avanza de acuerdo con el programa”, con cinco empresas y el Ejército trabajando en los siete tramos que abarcan los cinco estados del sureste: Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.
Pero un tramo de Quintana Roo, en la turística Playa del Carmen, fue el catalizador de la sacudida en Fonatur, pues el trazo se cambió tres veces y ha generado incertidumbre, según Marcos Antonio López, presidente de la Asociación Civil Vecinos Unidos de Playa del Carmen.
“Estamos preocupados porque se le hizo un gran daño a Playa del Carmen en la cuestión de que el Tren Maya no fue planeado, sino fue un proyecto de escritorio, como el mismo presidente lo dice, de los funcionarios ‘fifí’ (elitistas) que no salen del aire acondicionado”, expuso López en entrevista con EFE.
El cambio también causó controversia porque implicó la tala de 22 mil árboles.
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