sábado, 26 de febrero de 2022

Ordena Juez suspensión definitiva a "decretazo" de AMLO

CDMX, 26 febrero 2022.- El Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó la suspensión definitiva del llamado “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que, en materia de transparencia, las dependencias del gobierno no podrán reservar información con el argumento de que sus mega obras son de “interés público y seguridad nacional”.

El recurso jurídico fue tramitado por la Asociación Civil Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), al que la jueza Celina Angélica Quintero dio la razón, concedió la suspensión definitiva solicitada, y además le reconoció personalidad jurídica para la tramitación del amparo promovido.

Con la decisión de la juzgadora las dependencias del gobierno no podrán negar el acceso a información pública que les sea solicitada sobre las mega obras del gobierno federal ni reservarlas por ser de “seguridad nacional”.

“Esta orden judicial complementa la resolución de diciembre pasado emitida en el mismo sentido en favor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), pero ahora a raíz de un juicio de amparo promovido desde la trinchera Ciudadana”, festejó la CNLE.

Al dar la entrada a la Controversia del INAI, con el número 217/2021, el 14 de diciembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió la suspensión, con lo que el gobierno federal quedó inicialmente impedido para reservar la información sobre las mega obras.

Con lo decidido por la jueza al admitir el amparo 1833/2021 se ratificó esa decisión, pero ahora para proteger a un organismo de la sociedad civil.

“De lo expuesto, se desprende que el acuerdo reclamado sí tiene una trascendencia en el objetivo de la asociación civil, dado que al considerar como de seguridad nacional los proyectos y obras del Gobierno Federal, se traduce en una limitación en el acceso a la información vinculada con esas obras y proyectos”, acordó el juzgado.

El proceso legal en contra del acuerdo emitido en noviembre por el presidente aún debe ser revisado y resuelto si el gobierno federal promueve un recurso de revisión.

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