Tras, ello la empresa podría continuar con el proceso ante una corte internacional al hacer alusión al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con el diario estadounidense, Monterra habría enviado un aviso a la Secretaría de Economía para notificar su intención. Los inversionistas buscan, dice el WSJ, una compensación por 667 millones de dólares más intereses y costos legales por el cierre de una terminal de almacenamiento en Tuxpan, Veracruz.
El documento enviado incluiría un periodo de reflexión de 90 días para que el gobierno mexicano permita la operación de la terminal de nueva cuenta. Tras ello, la empresa podría acudir a una corte internacional, para comenzar con el proceso de arbitraje.
El artículo de WSJ asegura que la terminal fue expropiada en violación a los compromisos firmados entre Estados Unidos, México y Canadá. Monterra obtuvo un permiso de 30 años en mayo de 2018 para la construcción y operación de la terminal de Tuxpan, tras la apertura del sector.
“Los inversionistas de Monterra aún no están en los tribunales. Solo han notificado a México su “intención de someter reclamaciones a arbitraje” en virtud del T-MEC. El gobierno del presidente López Obrador podría responder a la notificación restaurando los derechos de Monterra para operar sus instalaciones. Pero después de un período de reflexión de 90 días, la empresa puede acudir a un arbitraje ante un tribunal internacional”, dice el artículo del WSJ firmado por Mary Anastasia O’Grady.
La terminal que está en el centro de la disputa fue cerrada de manera temporal a inicios de septiembre pasado porque los operadores de esta supuestamente no tenían la documentación necesaria que les fue requerida durante una auditoría, informó en su momento la agencia Argus. Pero a seis meses de la clausura temporal, el activo continúa fuera de operación.
'México no estaba interesado en la legalidad del producto almacenado en la Terminal de Almacenamiento; su único objetivo era cerrar la terminal de almacenamiento para promover las políticas proteccionistas de México', dice la notificación de disputa vista por el WSJ.
La empresa acusa una serie de inspecciones simuladas en sus instalaciones. Desde el año pasado, la administración federal implementó una serie de operativos en terminales de almacenamiento y puntos de internación de combustible ante las sospechas de importación de gasolinas y otros combustibles bajo otras fracciones arancelarias.
El gobierno mexicano también ha endurecido las reglas para el comercio exterior de combustibles. Apenas hace unos días retomó un acuerdo para disminuir la vigencia de nuevos permisos de importación y exportación y anteriormente también canceló una serie de autorizaciones.
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