La guardería ABC en la que murieron 49 menores y 38 más resultaron heridos, operaba bajo el mecanismo de subrogación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estaba a cargo de una sociedad constituida por Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del entonces presidente Calderón, además de Gildardo Francisco Urquides y Sandra Luca Téllez Nieves.
“Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del Presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, ‘que hoy vienen a hablar de Estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo’, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento”, dijo durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”.
El ministro recordó que el caso fue su ‘bautizo’ en la Corte. Zaldívar subrayó que en ese entonces, el órgano de justicia todavía tenía la facultad de investigación de violación de derechos fundamentales.
El presidente de la Corte aseguró por este caso se le quitó a la Corte la facultad de investigar la violación de derechos humanos.
“(Esa facultad) era para que la Corte ‘pagara los platos rotos’ de lo que no habían hecho los otros poderes y era una facultad que no había servido para nada y las y los ministros no se tomaron la molestia para que sirviera”, criticó.
Para elaborar el proyecto, Zaldívar aseguró que se entrevistó con las madres y padres de los niños de la Guardería ABC. En las pláticas, recibió denuncias como: Directivos del IMSS alteraron los expedientes de las niñas y niños quemados y lesionados para que “no se les pagara lo que se les tenía que pagar”.
El Gobierno de Felipe Calderón no permitió que los menores de edad fueran trasladados a un hospital en Sacramento, California, porque “no quería que el escándalo se hiciera más grande”.
Zaldívar contó que empezó a elaborar el proyecto sin decirle a nadie cuándo iba a salir, agregando que debía publicarse antes del 5 de junio, fecha en la que se cumplía un aniversario más del incendio.
El ministro presidente agregó que “por una cuestión de lealtad”, avisó al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, el sentido del proyecto que presentaría ante el Pleno de la Corte. La conversación, que se extendió por horas, “terminó a gritos”.
“(El secretario) dijo: ‘dice el presidente que no te apoyamos para esto’, y le dije ‘dile al presidente que postuló a un ministro, no designó a un secretario de Estado, que yo no soy un empleado”, relató el Presidente de la Suprema Corte.
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