Una central de Iberdrola ha quedado paralizada y la institución ha iniciado un procedimiento en contra de Eólica del Sur, uno de los mayores parques renovables del país. Los expertos y los empresarios ven en estos obstáculos a la operación de plantas particulares una señal de que el organismo, supuestamente autónomo, está alineado con el intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de limitar la participación privada en el sector para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Iberdrola, la empresa española que concentra el 20% de la generación total en México, ha sido una de las perjudicadas por las recientes decisiones de la CRE. La multinacional llevaba meses queriendo modificar los permisos de algunas de sus plantas. La idea era “migrar” los contratos que tiene bajo el esquema de autoabasto —la venta de electricidad a determinados clientes privados— a otro que le permitiera vender su producción en el mercado eléctrico mayorista.
Sin embargo, en noviembre la CRE rechazó la solicitud de Iberdrola de modificar cuatro permisos. Este rechazo ha dejado a algunas de sus plantas en la cuerda floja. La central de ciclo combinado de Dulces Nombres, cerca de Monterrey, tenía un contrato de interconexión a la red que venció el 31 de enero. El 5 de enero la filial de la multinacional en ese Estado había presentado un amparo en un juzgado de Nuevo León que fue desechado por falta de competencia.
Según el permiso otorgado en 2002, la planta vende electricidad a 44 empresas, entre ellas, Kimberly Clark, la cementera Cemex, la acerera Ternium, Minera Autlán o Cervecería Cuauhtémoc, hoy propiedad de Heineken.
El freno a la operación de Dulces Nombres preocupa al sector privado. Amado Villarreal, director general del Clúster energético de Nuevo León, advierte de un posible aumento de costos, no previsto por las empresas.
La decisión de no modificar el permiso de Iberdrola sigue la pauta que se ha observado en meses previos. En diciembre, la CRE rechazó permisos de generación a dos parques fotovoltaicos, en octubre no autorizó a otras cinco empresas privadas, y en agosto rechazó la solicitud de la empresa Saturno Solar para generar electricidad en un parque solar del Estado de Hidalgo. En este último caso bajo el argumento de que la entrada en operación del parque podría afectar “la confiabilidad” del sistema eléctrico nacional.
Las asociaciones del sector renovable, Amdee y Asolmex, estiman que las acciones de CRE han dejado en suspenso inversiones multimillonarias. Calculan que los retrasos en las autorizaciones y el rechazo de modificar permisos afectan a proyectos eólicos y solares que entrarían en operación en los siguientes tres años y que cuentan con 3,800 MW de capacidad instalada e inversiones del orden de 4,200 millones de dólares.
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