Según la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, también se otorgaría a los consejeros electorales una suspensión definitiva e inmediata de cualquier responsabilidad penal o administrativa por los acuerdos tomados para la realización del revocatorio.
Los 11 consejeros tienen una denuncia abierta ante la Fiscalía General de la República por supuestamente negarse a acatar la Constitución y realizar la revocación.
Al respecto, la resolución de la Corte otorga la suspensión contra cualquier acto penal o administrativo contra esos funcionarios.
A su vez, ordena al organismo que realice la consulta “de la forma más eficiente, tanto lo permite el presupuesto que tiene programado”.
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