Aún después de descubierta la traición de Reyes Arzate y pese a las consecuencias que implicó que filtrara la identidad de numerosos agentes mexicanos entrenados por Washington -posteriormente ejecutados-, la DEA incluso ha recortado mecanismos que podrían detectar a infiltrados como sus pruebas de control de confianza, según revela una auditoría del Órgano Interno de Control del Departamento de Justicia.
A lo largo de más de 50 cuartillas, el reporte enumera una serie de debilidades en el programa de Unidades de Investigaciones Sensibles, mediante el cual Washington entrena, prepara y financia a oficiales de distintos países para tareas de alta peligrosidad, en particular la caza de capos del narcotráfico.
Se incluyen datos del programa en Honduras, Haití, República Dominicana, Colombia y México. Entre otras conclusiones, el informe de revisión halló que aún con incidentes como los de Reyes Arzate y escándalos como la masacre de Allende, los policías que forman parte del programa no están siendo sometidos a suficientes exámenes de control de confianza como polígrafo y orina.
El programa SIU, fundado en 1997, ha sido heredado de presidente en presidente, desde Ernesto Zedillo hasta Andrés Manuel López Obrador. Con base a distintos reportes del gobierno estadunidense, se estima que entre 250 y 300 agentes mexicanos forman parte de estas unidades, creadas para emular el éxito del Bloque de Búsqueda que dio caza a Pablo Escobar, en Colombia.
Para 2021, último año del que se tiene información disponible, el financiamiento global del programa ascendió a 125 millones de dólares, parte del cual fue adscrito a México, país que tiene el mayor número de agentes SIU del mundo.
La parte medular del capítulo dedicado a las SIU mexicanas versa sobre un cuestionamiento central: ¿cómo es que Reyes Arzate (La Reina) logró burlar los controles de la DEA durante años, pese a que estaba involucrado con el cártel de los Beltrán Leyva y el de Sinaloa? Ahí, los auditores son particularmente críticos sobre el papel jugado por la oficina de la DEA en México, alojada en la embajada de Estados Unidos.
“Entre 2018 y 2020, el Departamento de Justicia anunció que sus investigaciones criminales habían encontrado evidencias de que el comandante de la SIU México, que dirigió la unidad de 2008 a 2016 y que había participado en ella desde 2003, aceptó sobornos de organizaciones criminales a cambio de protección y les reveló información sensible”, se establece.
En resumen, los auditores hallaron que la DEA-México se guardó la información de la caída de Reyes Arzate -potencialmente vergonzosa y dañina para el programa SIU- durante un año y medio y solo dio aviso al Departamento de Justicia hasta que ya se había hecho pública su traición, tras entregarse en Chicago, en 2017.
A la par de la mala gestión del caso Reyes Arzate, la indagatoria encontró que la DEA perdió el control de “tecnología sensible”, en sus unidades SIU, incluida la mexicana. En ese sentido, se expone que o se han perdido o no se tiene seguimiento de equipos de espionaje telefónico donados por Washington y que, incluso, no se tiene claro a qué oficiales se capacitó para el uso de tecnologías sensibles, cuyo aprovechamiento por el crimen organizado sería un riesgo de seguridad.
Aun cuando se trata de agentes mexicanos, México y Estados Unidos no han negociado nuevas reglas para la actuación de la DEA en su interacción con estos policías, incluso con antecedentes como los de Reyes Arzate o la masacre detonada en Allende tras una filtración desde la SIU mexicana.
Funcionarios diplomáticos de ambos países confirmaron que el memorando que rige a las SIU data del sexenio de Felipe Calderón y no ha sido actualizado con controles adicionales.
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