lunes, 10 de enero de 2022

Conceden a FGR detenciones por 'Rápido y Furioso'; cuatro involucrados siguen prófugos

CDMX, 10 enero 2022.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra siete involucrados en el operativo Rápido y Furioso, entre ellos Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Joaquín El Chapo Guzmán.

El operativo, ejecutado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2009, tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2 mil armas de fuego hacia México, para identificar a sus usuarios.

De acuerdo con la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron establecer la vinculación entre las autoridades relacionadas con el operativo y el grupo delincuencial que recibió las armas, las cuales, según indagatorias del gobierno de EU, “fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país” hasta fechas recientes.

Al informar sobre las órdenes obtenidas, la FGR calificó como “absolutamente ilegal e inadmisible” el operativo y la conducta de García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, y de Cárdenas Palomino, entonces coordinador de Inteligencia de la Policía Federal, así como de El Chapo, líder del cártel de Sinaloa, destinatario de las armas, quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad de EU y México.

Los otros cuatro involucrados en el operativo siguen prófugos.

La FGR, a cargo de Gertz Manero, presentó los elementos de su investigación a un juez de Distrito, quien concedió siete órdenes de captura en contra de García Luna, actualmente detenido en EU por sus vínculos con grupos dedicados al tráfico de drogas.

También en ese país se encuentra recluido El Chapo en una prisión de máxima seguridad por narcotráfico, y Cárdenas Palomino en el penal federal de El Altiplano por su presunta complicidad y protección a grupos criminales.

El operativo Rápido y Furioso fue coordinado por el Departamento de Justicia estadunidense, con la participación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Agencia Antidrogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Consistió en la compra de armas para su tráfico ilegal y entrega, principalmente a integrantes de grupos del crimen organizado en México, con el objetivo de rastrear su uso.

El 15 de febrero de 2011 fue asesinado el agente estadunidense Jaime Zapata en una carretera de San Luis Potosí, cuando viajaba de la capital del país a Monterrey, mientras que su compañero Víctor Ávila resultó lesionado.

Las investigaciones revelaron en Estados Unidos y en México que el ataque a los agentes se cometió con armas involucradas en el operativo Rápido y Furioso, lo que desató investigaciones en ambos países.

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