La Secretaría de Hacienda tendrá la obligación de responder al ser una instancia que también debe garantizar el derecho ciudadano a participar en el ejercicio.
La Sala Superior resolvió la noche de este miércoles las quejas de Morena y el PT en contra de la decisión del INE de suspender los trabajos preparatorios de la revocación de mandato, pues se desecharon las quejas del Presidente de la República, de ciudadanos, así como de asociaciones, que se quejaron al respecto, por considerar que no tienen personalidad jurídica para el caso.
El INE no tiene facultades para posponer la revocación porque, al ser una autoridad electoral, tiene la obligación de garantizar su ejercicio, para lo cual debe implementar las medidas y realizar los ajustes presupuestales necesarios para que, de cumplirse los requisitos constitucionales, se continúe con dicho mecanismo de participación política”, expuso el magistrado Felipe Fuentes.
Aseguró que sólo se puede interrumpir el proceso cuando no se reúnan las firmas equivalentes al 3% o la dispersión en 17 estados.
La insuficiencia presupuestal no es válida para dejar de realizar las actividades”, subrayó el magistrado.
En adición, la sentencia vincula a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar contestación al INE, en caso de que el instituto solicite recursos adicionales pues comentó el magistrado Felipe De la Mata Pizaña “si bien es el INE la autoridad encargada para su organización, no es la única que debe intervenir para garantizar el ejercicio de la ciudadanía” y, por lo tanto, “la Secretaría de Hacienda, debe estar vinculada a garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en la revocación de mandato”.
El proyecto de sentencia aclara que esta decisión de los magistrados no invade la esfera de competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dirime los diferendos entre poderes y órganos autónomos, y que actualmente tiene dos controversias constitucionales que resolver, en torno a la consulta de revocación de mandato.
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